Traban jueces militarizar Guardia Nacional

(COLUMNA EN NOVEDADES). Vino a Quintana Roo el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández a defender la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para prolongar la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública para incluso detentar el mando, como parte de una gira por todas las entidades federativas para justificar ante las legislaturas estatales la decisión presidencial, impensable en el ahora jefe del Poder Ejecutivo en los tiempos en que era un duro opositor, que durante muchos años rechazó la medida, especialmente cuando su odiado antecesor panista de dos sexenios atrás, Felipe Calderón Hinojosa, llevó a los militares y marinos a las calles con propósitos homólogos.

Sin embargo, el decreto del 9 de septiembre que establece la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional fue revocado de manera indefinida por la jueza del Distrito Noveno de Guanajuato, Karla María Macías Lovera, con carácter de suspensión definitiva, que desde luego se refiere también a la asignación de un presupuesto a la institución castrense, que en caso de haber recibido ya alguna ministración estaría obligada a devolverla a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El argumento central de la jueza fue que en esta reforma el Legislador pasó por alto el artículo 21 de la Constitución, que en uno de sus apartados establece que la seguridad pública es una tarea prevista para los órganos de carácter civil y no militar.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, seguramente se va a topar varias veces más con la disyuntiva de apoyar al presidente en cada ocasión que tome alguna decisión polémica o de escuchar y eventualmente adoptar posturas –paradójicamente– más progresistas o, en su caso, derechistas, que sostiene la mayor parte de la opinión pública –no así el pueblo, que a casi dos años de terminar su mandato, muy poco ha disminuido su apoyo al caudillo del Palacio Nacional, y le sigue siendo fiel, haga lo que haga y diga lo que diga–, y aunque estuvo antes de ser presidente en contra de la militarización de las policías civiles; sonará revulsiva la yuxtaposición, pero en México masa mata a intelligentsia.

La gobernadora de Quintana Roo, experimentada periodista de alto nivel, mujer preparada, condujo durante muchos años exitosos programas en medios electrónicos de comunicación dirigidos al ciudadano común, al pueblo, para la atención de su problemática cotidiana, de modo que conoce las dos caras de la moneda: entiende de los sesudos argumentos de los analistas y políticos tanto como de la necesidad gubernamental de escuchar a los gobernados. Tiene elementos para tomar buenas decisiones.

La participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública nunca ha dejado una imagen ni siquiera regular para los uniformados. A guisa de ejemplos:

El 2 de octubre de 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó a los mandos militares disparar contra los estudiantes desarmados reunidos en manifestación en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, con un saldo aún no esclarecido de muertes de jóvenes. Pero que sin duda puede calificarse como genocidio. El 10 de junio de 1971, el ejército –nada menos que con soldados del Estado Mayor Presidencial de Luis Echeverría Álvarez, involucrado en la masacre de Tlatelolco, participó de manera decisiva en el asesinato de alrededor de 120 personas que marchaban en protesta antigubernamental sobre la Calzada México-Tacuba de la Ciudad de México, y el siniestro grupo de Los Halcones, creado por el regente Alfonso Corona del Rosal –militar, por supuesto–, operador principal de la masacre, era dirigido por el coronel Manuel Díaz Escobar.

La guerra sucia de Echeverría contra los movimientos magisteriales y rurales del estado de Guerrero, encabezados por Genaro Vázquez Rojas –según versión no oficial, asesinado en el hospital militar de Morelia, Michoacán– y de Lucio Cabañas de Lucio Cabañas Barrientos, egresado y líder estudiantil de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa –¿le suena al lector?– y fundador de la pesadilla del gobierno llamada Partido de los Pobres, que secuestró al luego gobernador Rubén Figueroa Figueroa, se suicidó de un balazo durante un sitio del ejército, ante la inminente derrota, que por esos tiempos también acosaba al grupo guerrillero urbano Liga Comunista 23 de Septiembre, que en 1973 intentó secuestrar y presuntamente asesinó al magnate regiomontano –se dice que esta muerte no era la intención de los rebeldes– Eugenio Garza Sada, en una confrontación que supuestamente tuvo infinidad de ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas. El ejército fue la principal fuerza represora.

No fue gratis, entonces, el pasmo y la alerta de los analistas y opositores políticos por la propuesta de López de militarizar la seguridad pública: la historia es negra, y el general de División Luis Crescencio Sandoval González, actual secretario de la Defensa y nombrado por López comandante de la Guardia Nacional, no es una perita en dulce: sus declaraciones demuestran una escalofriante idea de superioridad castrense y desprecio por el ámbito civil.

HOMÚNCULOS

Un rezago pasmoso de Quintana Roo en materia de justicia fue superado, ayer de madrugada, en el Congreso del Estado, cuando a iniciativa de dos de los partidos de la coalición que gobierna al país y al estado, Juntos Haremos Historia, impulsada por el PT (Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión de Justicia) y Alicia Tapia Montejo) y propuesta a la XVII Legislatura por el Morena, realmente hizo historia al lograr la despenalización del aborto. El abyecto retroceso en los derechos humanos, de las mujeres y de eminente contravención a la justicia social con la modificación al artículo 13 constitucional de Quintana Roo, perpetrado por el frío cálculo político del gobernador Félix González Canto en 2009, a través de su adlátere en Punta Estrella –aunque en esos tiempos el carismático titular del Poder Ejecutivo local mandaba como jeque árabe sin cortapisas en el Poder Legislativo, incluida la mayor parte de la oposición– la no precisamente muy ducha diputada Laura Fernández Piña, que ulterior primera presidenta municipal de Puerto Morelos y hoy diputada federal: premio a su obediencia lacayuna y buena conducta. Sigue cosechando, aunque se avizora ya el fin de su buena racha.

No subyacían convicciones morales, sociales o sanitarias a la infausta iniciativa presentada por Fernández: se trataba, como decíamos de una decisión de conveniencia política de Félix, pues la falsa “jipiosa” exgobernadora de Tlaxcala Beatriz Paredes Rangel –el de la letra trabajó con ella en la elaboración de materiales turístico-culturales de su estado, y es testigo de su conservadurismo, de esos que ponen feliz al presidente Andrés Manuel López Obrador, mujer en el fondo más derechista y retardataria que los más rancios panistas, a la sazón líder nacional del PRI, ordenó a sus correligionarios gobernadores y congresistas actuar contra el aborto en sus estados: la entrega del bienestar de las familias menos favorecidas y de la salud y hasta la vida de mujeres en situaciones extremadamente adversas causadas por el retrógrada prohibicionismo fueron puestas a un lado por conseguir el beneplácito del mando priista nacional de entonces.

Citamos a la desmañanada nota de Ruptura 360, difundida casi de inmediato después de la votación en Punta Estrella: “En su intervención desde su curul esta madrugada, Alday Nieto señaló que lo que se somete a discusión no parte de una perspectiva moral, religiosa, de modas o de tendencias de grupos liberales o de asociaciones conservadoras. Es, dijo, un tema meramente de orden público; es poner en marcha nuestra obligación como legisladores; esta soberanía tiene la obligación de actualizar su marco jurídico”.

Tan no sabía Laura Fernández nada de “su” iniciativa antiaborto, evidentemente enviada desde el centro y procesada por el equipo jurídico de Félix para el estado, que cuando la prensa le pidió profundizar en sus motivaciones solo atinó a contestar: “Es una ley muy bonita, ¿no?”.

Casi tres lustros tomaron al Poder Legislativo subsanar esa injusticia, durante los cuales quién sabe cuántas mujeres y adolescentes habrán sido dañadas y hasta perdido la vida en manos de carniceros –incluso de personas de buena fe– dedicadas a los abortos clandestinos. A su conciencia.

GRILLOGRAMA

¡Vaya profundidad!...

Corrigieron, hasta ahorita

Esta rotunda jalada

Pues era una pendej…

Tener ley por ser “bonita”

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