Se resquebraja el imperio ruletero

Titulamos esta entrega de esta forma por referencia, pero de antemano sabemos que se trata de un yerro: en la mafiosa sociedad entre sindicatos de trabajadores del volante y autoridades los que mandan, los vividores que se benefician de ella son los jeques patrones de taxistas bandoleros y, acaso más que nadie, las autoridades; en no pocas ocasiones estos roles se mezclan, pues los funcionarios gubernamentales del estado, el municipio y el congreso son taxistas y viceversa. A todo eso, y casi en muy escasa medida a las personas que realizan cotidianamente la extenuante tarea de prestar sus servicios con las manos en un volante para ganarse el sustento, nos referimos cuando hablamos de "taxistas", sin descartar la posibilidad de que muchos de los operadores, por lo menos los energúmenos esbirros de choque, estén del lado ministro de esta putrefacta relación.

No es que el problema haya quedado superado —las agresiones continúan sucediendo, aunque menos escandalosas, en parte quizá porque el conflicto se ha "normalizado" entre la ciudadanía y para los medios ya no es tanto una noticia—, pero ha bajado notablemente en intensidad y violencia. Desde luego no se debe a una epifanía súbita, sino a muchos factores nada sobrenaturales: el más importante de ellos es que los integrantes del Estado que tienen fuertes intereses y compromisos con el "gremio" quedaron expuestos en sus tropelías, abusos y transas en pos y desde el poder, embarrando a las instituciones, por lo que tuvieron que bajarle.

No es un caso único, pero en Quintana Roo los sindicatos de taxistas, carne de cañón para campañas políticas, empoderamientos ilícitos, predominios y abusos de los dignatarios gremiales y socios gubernamentales enquistados en el Estado desde mediados de los años noventas, empezaron a acrecentar sus cotos de poder y hoy están plenamente involucrados en importantes cargos públicos de los tres poderes y en los ayuntamientos, lo que sería normal si no fuera porque están allí para velar por sus intereses y hacer negocios ilícitos, sin importar si estos afectan a la ciudadanía e incluso a su jefa, la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Las denuncias y los atropellos, en plena crisis de los taxistas gángsters atacando a las unidades de Uber y golpeando a sus operadores, menudearon las últimas semanas, por lo que fueron saliendo a la luz las componendas desde los poderes locales, sin necesidad de investigar mucho, pues solitos y dado que no se caracterizan por exceso de luces evidenciaron públicamente sus querencias y enemistades, sus filias y fobias en sus furibundas invectivas contra la plataforma alternativa a los taxis regulares.

Ahora Uber pone los puntos sobre las íes contra estos servidores públicos del Estado quintanarroense, a quienes no les importó afectar a la propia entidad —la autoridad turística de Tulum, verbigracia, confirmó un notable número de cancelaciones de reservaciones tras las noticias de sus violentos desmanes, que lamentablemente dieron la vuelta al mundo—, a la gobernadora Lezama —que, aun sin fundamentos, pues cuando las graciosadas de los gorilas choferes (de nuevo, perdón pedimos a los inocentes animalitos, mucho más civilizados, pero así decimos, ¡caray!) estaba en Madrid atendiendo una importantísima feria turística), ha sido tildada de cómplice por omisión e incluso por ficticios intereses propios— y, sobre todo, a la sociedad, al público usuario que, entre locales y turistas, es el más afectado y menos culpable.

HOMÚNCULOS

Nos servimos ad litteram de la nota de Soraya Huitrón, del periódico Quequi, fechada hoy, 8 de febrero:

Operadores de la plataforma digital Uber presentaron una solicitud de juicio político contra la secretaria de Gobierno, Cristina Torres; el titulas del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), Rodrigo Alcázar (que aparece en un video ufanándose de que gracias a él Uber no entró a Cancún) y la directora de Gobierno Erika Castillo, porque consideran que violaron la ley al querer impedir el funcionamiento de la plataforma , aun cuando la empresa ganó un amparo en la justicia federal (sic).

En este espacio hablamos ampliamente de estos y otros angelitos defensores de la ilegalidad —y fidelísimos amantes de sus billeteras— por ser omisos tras las determinaciones judiciales federales, pero hay que señalar expresamente al diputado de Felipe Carrillo Puerto, José María Chacón Chablé, que ayer se esforzó en dar la nota de que en unos pocos días la XVII Legislatura entrará a las deliberaciones para sacar a la voz de ya una nueva Ley de Movilidad —"encabeza" la comisión atinente— que regule el servicio de Uber y similares, cuando su primera reacción hace pocas semanas, al ver la tempestad sin siquiera hincarse— fue advertir que los legisladores estaban muy ocupados y que, si bien les iba, en seis meses o por ahí empezarían a considerar el tema para sus sesudas deliberaciones. ¡Qué descaro!

Carlos Calzado Calzado y Águeda Asperilla Soto, de Uber, pasaron de las palabras y sentidas quejas a los hechos, demandando, en un escrito dirigido al diputado Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión de Justicia de la XVII Legislatura, la atención de los diputados a sus peticiones.

Aparte del palurdo legislador por el Distrito XII, ni más ni menos que la hija del legendario —por abusivo y corrupto— líder gremial Eric Castillo Alonso, Érika Castillo Acosta, que también fue diputada y presidenta de la Comisión de Movilidad en la XVI Legislatura y actualmente "trabaja" como directora de Gobierno de Quintana Roo, ha puesto todo su ilegal empeño no en su cargo, sino en contra de la sentencia de la justicia federale para impedir la entrada de Uber. Su primo, Manuel Puerto Castillo, tiene un cargo en el mismo Imoveqroo, en donde se desempeña como director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad, siendo también juez y parte, pues actualmente es socio taxista del sindicato cancunense.

Citamos de nuevo a Huitrón: "En 2019, como diputada local, Érika Castillo promovió una reforma a la Ley de Movilidad que permitiría a los Ayuntamientos realizar operativos en contra de los socios conductores Uber. Y aunque la propuesta que, finalmente no pasó, causó mucha polémica (sic)".

Lo peor para Mara Lezama es, sin duda, que los enemigos de Uber, aliadas e incluso integrantes hablan en su nombre cuando pelean como fieras en celo por sus intereses.

LA DICHA INICUA...

No todo está tan perdido en el estado. Temprano recibimos una nota a través de WhatsApp en donde queda claro que en Chetumal los taxistas no tendrán la misma actitud intolerante hacia Uber, que aunque no tiene operadores aún hoy arrancó formalmente sus servicios en la capital. La nota es del equipo de Ruptura 360, cortesía del colega César Muñoz:

Ante la entrada en operaciones de la plataforma digital de transporte Uber en esta ciudad, el líder del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa), Julio César Castilla Zapata, aseguró que no habrá persecuciones por parte de los taxistas y que las autoridades son las que tendrán que aplicar las sanciones respectivas.

Desde su punto de vista, la situación es clara: Uber puede prestar servicio sin concesión, pero se tiene que modificar la Ley de Movilidad para que pueda operar.

El Instituto de Movilidad del estado de Quintana Roo (Imoveqroo) y la Secretaría de Gobierno han confirmado que solo de esa forma puede entrar en funcionamiento en el estado, no solo en la capital.

Se está en espera de que los integrantes de la XVII Legislatura hagan las modificaciones a la normatividad vigente.

Indicó que no se ha detectado ninguna unidad de Uber operando en Chetumal, sin embargo, aseguró que se ha platicado con los socios para evitar conflictos como los ocurridos en Cancún.

GRILLOGRAMA

Con esos amigos...

Aquí yo veo: todo o nada

Si la están fregando tanto

Que no le importe ni el llanto

Y los mande a la ching...

columnacafenegro@gmail.com