Rechazo al "blindaje" de obras de López

(COLUMNA EN NOVEDADES). En Quintana Roo nos debe importar mucho el tema del “blindaje” de los proyectos prioritarios del presidente por dos razones: aunque sea de los varios (hay tres principales) que el titular del ejecutivo quiere mantener intocables, aunque será subvencionado durante varios años y probablemente por siempre, a Quintana Roo tal subsidiariedad del gobierno federal, daños ecológicos, culturales y sociales aparte, seguramente a las economías estatal, municipales y familiares les resultará de mucho beneficio socioeconómico, como sucede en casi todo el mundo (los puentes de Brooklyn, Williamsburg y Manhattan, que no cobran peaje, mantienen activa la economía de Nueva York gracias a que la gente puede ir a sus centros de trabajo sin mayor costo, verbigracia), pero nos preocuparía que se hiciera sin que nos enteráramos de nada y bajo sospechas de esa corrupción a la mexicana que acaba por corroer y destruir todo.

El Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, líderes opositores, diputados y senadores de no morenistas ni de partidos adláteres acusan que el “acuerdo” –con facha de decreto, pues lo que ordena Andrés Manuel López Obrador, en la práctica, siempre se torna en algo así como cédula real, casi siempre con sus corifeos en el congreso aplaudiendo hasta despellejarse las manos y que a todo le dicen “como usted mande, señor presidente” – de un “blindaje” para las obras de su exacerbado ego –que llaman torales, prioritarias y emblemáticas, según esto para evitar su posterior privatización y obligar a su conclusión dentro del sexenio –el aeropuerto “patito” (¿o “gansito”?) Felipe Ángeles, en la ex base aérea de Santa Lucía, supuestamente se inaugurará en marzo del próximo año, hasta ahora con la confirmación de solo dos aerolíneas nacionales de segunda, y hasta de cuarta categoría, pero la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya no parecen nada fáciles de concluir antes de que terminen los menos de tres años que restan de esta administración, es inconstitucional y viola toda la normatividad aplicable.

Los consejeros del INAI, por lo pronto, afirman que la iniciativa viola flagrantemente el artículo 6 de la Constitución General, que glosamos a continuación en sus partes más atinentes.

Los principios y bases por los que deben regirse la federación y las entidades federativas son los siguientes: “I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

“(…) III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su acreditación, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos (…)”.

Ahora bien, para profundizar lo que los alcances de la expresión “información reservada”, implica –lo admita o no el presidente– hay que ir a la LFTAIP:

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 110, deja muy claro que se clasificará como información reservada aquella cuya publicación “I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y efectivo demostrable;

“II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales”; y 11 fracciones más que igual resultarían contravenidas por el blindaje lopezobradorista. Ninguno de los supuestos para justificar la reserva de los megaproyectos de López aplica ni de lejos.

Una Suprema Corte de Justicia de la Nación que efectivamente vele por la constitucionalidad de las normas, leyes, actos de la autoridad y los demás sujetos obligados a la transparencia –que son, básicamente, todos los que reciben financiamiento e información pública, aunque no sean gobiernos– y que no se deje amedrentar por un presidente que percibe al país con una visión patrimonialista –como hacen los dictadores–, no deberá permitir este retroceso como tantos hemos experimentado ya, sobretodo cuando se trata de órganos autónomos, a los que, al no poder por ley controlarlos como empleados, mejor desaparece y sigue insistiendo en destruir a los pocos que quedan.

Como sabemos que sus empleados en el congreso le aprueban todo y además con chicanas –“chicanada no existe, by the way– de “acuerdo” por “decreto”, la última palabra, a fin de cuentas, la tendrá la Corte.

HELADA MADRINA

Pasadas unas horas de escrito lo anterior, el INAI anunció que recurrirá a la SCJN para acusar de inconstitucional el susodicho blindaje de las obras de infraestructura de López Obrador, luego de consultas jurídicas por lo arriba expuesto.

La Comisión Federal de Competencia Económica advirtió, según reporta Forbes, que “el blindaje federal de sus proyectos y obras de infraestructura generaría posibles riesgos en materia de competencia y libre concurrencia”.

Pero lo más importante es que la oposición al Morena en el congreso ya expresó su enérgica oposición al ya conocido como “decretazo”:

“(es) ‘una invasión de esferas y constituye un ataque al derecho de todos a tener acceso a la información pública’, expresó (Jorge) Romero, (coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Dipitados.

“(Rubén) Moreira dijo que las tres fuerzas políticas presentarán el recurso, que requiere la firmas de la (sic) menos 33 por ciento de los integrantes de la cámara. Sostuvo que el Presidente (sic) no tiene facultades para determinar que todas las obras públicas son de seguridad nacional y consideró que no se le informó del alcance del decreto, que no está soportado legalmente.

“Por su parte, Luis Espinosa (líder de los diputados perredistas) manifestó que con el documento publicado la tarde del lunes se busca blindar las obras de infraestructura contra el escrutinio público. Expuso que no se puede dejar en la opacidad el uso de recursos públicos, ‘con el argumento de que se trata de obras de seguridad nacional, que no lo son’”.

“En una declaración política, Morena manifestó que el decreto ‘es legal y está apegado a las facultades constitucionales del Presidente (sic)’.

“Resaltó que la emisión de decretos es una atribución presidencial para adoptar medidas que permitan el mejor funcionamiento de la administración pública federal. ‘En todas las administraciones anteriores, los titulares del Ejecutivo Federal han ejercido esta facultad’”, justificó.

Estados Unidos, que ya se había manifestado en contra de la reforma eléctrica, por razones económicas, de inversión y de comercio exterior, luego de las fotos sonrientes en la ONU y los fingimientos de la reunión trilateral de Joe Biden, Justin Trudeau y Andrés López, ya dijo estar en total “desacuerdo con el acuerdo” del mexicano.

Queda claro que nadie , excepto el Morena y sus adláteres –y tal vez de última hora el PRI, que declara duro y fuerte pero luego actúa timorato y blandenge frente a la voz del tlatoani–, está a favor del inconstitucional decretazo.

HOMÚNCULOS

Pero lo que en realidad debería preocuparnos más es que López, a no muchas horas de haber anunciado la creación de una superempresa que se encargaría de administrar y supervisar las obras prioritarias del Estado y que estará a cargo del Ejército, anunció que las grotescas fallas en la distribución de medicamentos que mentirosamente fueran negadas durante el sexenio, amenazó con que serán las fuerzas castrenses las encargadas de hacer llegar los insumos para la salud a los rincones más inaccesibles del país.

Guardia Nacional, incremento de militares realizando funciones de policía civil en las calles y caminos de México y ahora de una especie de mensajería sanitaria, sigue avanzando a una militarización de la nación, como ha sucedido justamente antes y durante todas las dictaduras, ya fueren de derecha o de izquierda.

Cuidado: la amenaza es real, y así lo demuestran los desplantes y devaneos por López y su llamada Cuarta Transformación, en el mismísimo Campo Marte, del secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crecencio Sandoval González, criticada hasta por Human Rights Watch.

Le ponemos un alto, ya, o vamos volando hacia la España franquista, la Cuba castrista, el Chile pinochetista, la Argentina de la Junta Militar del asesino Leopoldo Galtieri y compinches, la Venezuela de Chávez y Maduro, la Nicaragua de Daniel Ortega…

GRILLOGRAMA

Como para Charlie Chaplin…

Cual su Alteza Serenísima

O ese cruel Generalísimo

Este tipo cretinísimo

Quiere ser Presidentísimo

columnacafenegro@gmail.com