No era pura demagogia

(COLUMNA EN NOVEDADES). Este fin de semana se dio a conocer que el estado de Quintana Roo, según la firma calificadora internacional Standard & Poor´s, alcanzó la calificación crediticia a A con perspectiva positiva, con lo que logra un indiscutible liderazgo económico y en rumbo de desarrollo —las notas de las empresas que se dedican a analizar la economía y las finanzas de cualquier entidad son un índice para el otorgamiento de créditos, pero también, y sobre todo, sirven como referente para la toma de decisiones de los grandes inversionistas, nacionales y mundiales, en cuanto a destinar capitales se refiere—, cuando el país, con todo y el sobrevalorado fenómeno del "superpeso", que no indica necesariamente bienestar económico, sino de manera específica compras masivas de dólares o denominadas en dólares, se encuentra trabajosamente estable, ubicado por la misma firma en BBB (BBB-, según otra de las tres grandes regañonas de las haciendas públicas: Fich Ratings), lo cual tampoco es per se negativo, y no saca a México de los primeros lugares entre las economías de mayor atracción para los capitales en el continente, entre la primera y la segunda posiciones —alternándose con Brasil— el en Latinoamérica.

El para el país las calificadoras de riesgo no solo tienen que basar sus notas en un promedio entre los estados y la federación, sino también en los entes públicos y las empresas paraestatales, como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, que son enormes —tan grandes como las economías de muchos, decenas de países— y altamente deficitarias, lo que afecta "artificialmente" los rankings mientras los grandes inversores saben o por lo menos intuyen que la situación real es mejor de lo que parece.

De cualquier manera, amén del éxito sempiterno de su industria turística, que el Caribe mexicano mejore a tan elevados sitiales su economía se debe en mucho a que en menos de un año de gestión, el gobierno de Mara Lezama Espinosa se ha mantenido alejado de prácticas que lastraban a sus predecesores, por lo menos en lo que va del milenio. La mandataria explica que "las acciones de combate a la corrupción, la transparencia y el orden en las finanzas públicas permitió que, a tan solo 10 meses de gobierno, la agencia calificadora Standard & Poor´s, otorgara la calificación A con perspectiva estable a Quintana Roo, lo que garantiza un sólido desempeño presupuestal y una mayor liquidez en los próximos dos años, lo que permitirá dirigir los recursos a quienes menos tienen".

La oficina oficial de prensa del estado señala que la gobernadora aseveró que "en un comunicado, S&P fundamenta la asignación de esta calificación al esfuerzo emprendido por este gobierno por transparentar los recursos, integrar un paquete fiscal 2023 integral social que se tradujo en un mayor nivel de ingresos, que se contuvo el gasto operativo y se fortaleció el nivel de liquidez.

“Esta calificación reflejará que nuestro estado mantendrá un fuerte crecimiento económico, con un sólido desempeño presupuestal y una robusta posición de liquidez en los próximos años. En conclusión, seguimos el ejemplo del Gobierno de México de cuidar el recurso que es del pueblo y que alcance para más”, se lee en el comunicado.

Lezama, por otra parte, fue honesta en admitir sin ambages que la buena calificación se debe también a un apoyo sin precedentes que el gobierno de López Obrador ha brindado a su correligionaria gobernadora de la Cuarta Transformación, destacando obras de grandes dimensiones como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum y el puente Nichupté, que se realizan con "recursos gestionados con la federación y que son muestra del compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador con el pueblo de Quintana Roo".

La parte financiera no la va a ver la gente ni en construcción ni en obras terminadas, pero es tan importante que sin una adecuada política en este sentido todo lo anterior habría sido imposible. El titular de la cartera atinente, Eugenio Segura Vázquez, añadió que esta calificación se suma a la reciente determinación de la Secretaría (federal) de Hacienda y Crédito Público de mejorar la clasificación de Quintana Roo en el Sistema de Alertas de Endeudamiento de los Entes Públicos, en el que, por primera vez en siete años, la entidad pasa de Semáforo Amarillo-Endeudamiento en Observación, a Semáforo Verde-Endeudamiento Sostenible, lo que fortalece aún más el voto de confianza de los inversionistas en la entidad.

Ambas mejoras en las asignaturas, tanto la calificación mxA por S&P como la reclasificación de la SHCP en el Sistema de Alertas, "responden al esfuerzo del ordenamiento integral de las finanzas públicas, el ordenamiento del gasto público y la transparencia en el uso de los recursos, pilares del buen desempeño de las políticas públicas y la transformación de la calidad de vida de la población.

¿Le suena al lector a la misma jerigonza demagógica predominante en en los últimos cuatro lustros, no solo en el estado, sino en todo el país? Pues al escribidor sí, pero hay una pequeña gran diferencia: ni S&P ni la SHCP son entes voceros de Mara Lezama, y como buenos tecnócratas, uno privado y el otro público, suelen ser muy certeros y sobre todo severos, durísimos, peores que la maestra Canuta, en lo que al billete se refiere, y no perdonan por quedar bien.

En otras palabras, por hora vemos que lo prometido no era pura demagogia.

LA DICHA INICUA…

El pasado viernes concluyó el diplomado en línea de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que impartió el Instituto Nacional en la materia (Inai), por cierto tan acosado por la Presidencia de la República, que se aferra a mantener un gobierno cerrado, a contrapelo de las democracias modernas del mundo, con el cierre del sexto módulo, a cargo del internacionalmente reconocido especialista chileno Peter Sharp Vargas —los seis docentes fueron excelentes—, a instancias del órgano local (Idaipqroo), que encabeza la consejera presidenta Magda Lozano Ocman, quien condujo la clausura.

En principio, el curso estuvo dirigido a colaboradores del órgano garante en el estado y a los responsables de cumplimentar los derechos relacionados de las dependencias gubernamentales, pero se dio una amplia participación de muchas entidades federativas y de uno que otro colado —como fue el caso de el de la pluma, interesado en la temática como periodista pero amablemente invitado a participar—.

Garantizamos como alumnos del excelente diplomado que los objetivos trazados por Lozano Occman se cumplieron con creces; reproducimos el general:

"Brindar a las personas servidoras públicas las herramientas necesarias para la implementación de mejores prácticas de transparencia permitiendo garantizar a la sociedad en general, los derechos de acceso a la información, protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, así como fomentar el gobierno abierto, rendición de cuentas y practicas anticorrupción".

Vale la pena reproducir también los particulares:

Generar una mayor cultura de acceso a la información entre las personas responsables de garantizar este derecho; identificar y clasificar datos personales para su manejo y protección con base en el marco jurídico aplicable, así como su tratamiento; comprender el derecho a la protección de los datos personales como derecho humano, el derecho a la vida privada, la privacidad, la intimidad, los instrumentos de la materia y su fundamento constitucional; ofrecer a los participantes los conocimientos y herramientas necesarias para la construcción, evaluación, seguimiento e implementación de estrategias necesarias en el marco de la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión gubernamental; analizar el marco jurídico, así como los procedimientos e instituciones que garantizan el acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; distinguir las obligaciones comunes y específicas, los procesos de verificación, búsqueda de información pública, así como el funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, y, por último, sensibilizar sobre las herramientas que trae consigo el gobierno abierto, cuyos pilares son la rendición de cuentas, la transparencia, la participación y la colaboración para fortalecer la interacción con la gestión pública.

No podemos soslayar que el gobierno de Andrés López ha intentado destruir, o al menos menoscabar, al órgano garante nacional, dejándolo imposibilitado de sesionar al negarse a cumplir su obligación constitucional de reponer a los consejeros que han dejado de participar debido a varias causas, pero preponderantemente a el acoso presidencial, mas el espíritu —pudimos constatar, sesión tras sesión— sigue en alto, pues se trata de una alta misión de derechos humanos de la que México es —nos rehusamos a decir "era"— propulsor pionero a nivel mundial.

En seguida reproducimos ad litteram el documento para el conocimiento público sobre su resolución sobre el asunto emitido por el máximo tribunal:

Una mayoría de ocho integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como resultado del análisis de la impugnación formulada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se pronunció en el sentido de que la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión incurrió en una omisión, por la falta de designación de quienes ocuparán tres vacantes de personas comisionadas del propio Instituto. Lo anterior, entre otras, bajo las siguientes consideraciones generales: 1) la realización por parte del Senado de algunas actuaciones tendientes a realizar los nombramientos respectivos, que no culminaron con estos, no implica la inexistencia de la omisión determinada; 2) la previsión constitucional en el sentido de que el órgano garante de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales esté integrado por siete comisionados o comisionadas, implica un mandato para que los órganos responsables hagan los nombramientos correspondientes en un plazo razonable; 3) la falta de esos nombramientos ha afectado la debida integración y el funcionamiento del organismo constitucional autónomo, que funge como garante de la protección de los derechos señalados. Como consecuencia de lo anterior, el proyecto original, que proponía determinar la inexistencia de esa omisión, fue desechado y el asunto será returnado a un ministro de entre aquellos que conformaron la mayoría. Los efectos de esta resolución serán determinados en una próxima sesión del Tribunal Pleno de La Corte. Controversia constitucional 280/2023, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en contra de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, demandando la invalidez de la omisión por parte de ésta de designar a quienes ocuparán tres vacantes de personas comisionadas del propio Instituto, en términos del artículo 6° constitucional.

En contraste, en Quintana Roo vemos cotidianamente una actitud de sana convivencia y colaboración entre el gobierno de Mara Lezama —quien no por ser entusiasta integrante de la Cuarta Transformación soslaya sus obligaciones legales— y el Idaip.

No estaba muerta ni de parranda: la transparencia llegó a México para quedarse, mientras que el presidente López se va su finca campestre en Palenque a finales de septiembre de 2024.

GRILLOGRAMA

A la Chingada… ¡el rancho, pues!…

Por sus fueros, sin empacho

Volverá el Inai sonriente

Mientras se va el presidente

Allá a ese lugar ¡tan gacho!

columnacafenegro@gmail.com