El Morena, ¿enemigo de López?

(COLUMNA EN NOVEDADES). Es tan extrema la candidez de los legisladores federales del Morena , que tienen mayoría simple y se acercan a la calificada con sus aliados —a pesar de que la oposición últimamente no ha cedido un ápice y ha acotado con firmeza las veleidades del líder priista, Alejandro Moreno Cárdenas, que se muere de ganas por tomar, como lo ha hecho en el pasado, las indignas prebendas que le otorgue la coalición oficialista—, que siguen promoviendo, expeditando y votando las iniciativas tan notoriamente inconstitucionales o de plano groseramente ilegales de la Presidencia, a sabiendas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ha venido sucediendo, incluso con el consecuente desprestigio y sufrimiento político extremo por parte del mandatario, —notorio por la ira externada en sus cotidianas conferencias de prensa matutinas conocidas como "mañaneras"— como fue el reciente caso del conjunto de modificaciones reglamentarias electorales conocidas como "Plan B".

Por otra parte, costaría mucho trabajo creer que los políticos militantes obradoristas, como el experimentado economista, histórico de la izquierda mexicana, Pablo Gómez Álvarez, titular del área de Inteligencia Financiera, rudo brazo ejecutor de la política anticorrupción del Poder Ejecutivo —el de la letra lo conoció personalmente en 1985, quedando impresionado por sus notables capacidad e inteligencia—, reconocido como autor de las iniciativas de Andrés Manuel López Obrador, y el compacto pero decisivo grupo de legisladores oficialistas pensantes —la gran mayoría son solo activistas, pero no deciden; solo votan lo que se les ordena—, no se dieran cuenta de la fragilidad constitucional y convencional de las disparatadas normas que aprueban, si no fuera porque la disciplina de la corriente política en el poder es más que dura que la que caracterizaba a la duma soviética de los tiempos estalinistas.

En esta ocasión, el tribunal constitucional rebotó, con la única discrepancia de los ministros afines al presidente, el acuerdo ordenado por Andrés Manuel López Obrador de ponderar como asunto de seguridad nacional los proyectos prioritarios de su gobierno, que establecía que este podía reservarse toda la información de obras como la refinería Olmeca, que se construyó en Dos Bocas, Tabasco, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y —lo que es de máximo interés para los estados del sureste, como el nuestro, el Tren Maya, que se construye en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, negando su publicidad, como determinaciones de un ente público obligado a la transparencia —la Presidencia lo es— por las leyes atinentes.

El tosco absurdo de los argumentos con los que se pretendía ocultar la información gubernamental de proyectos desmesuradamente costosos, como los mencionados, fue percibido tal vez por todos los altos juzgadores, aunque fue sostenido por ocho de los 11 magistrados de la Suprema Corte —era previsible que los obradoristas, tan golpeados últimamente por la realidad jurídica constitucional, que apoyan a ojos cerrados las iniciativas de López, todas, en el caso de las ministra pirata y cachirul Yasmín Esquivel Mossa y la también incondicional Loretta Ortiz Ahlf; la mayoría de ellas, en el del pusilánime ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que en el apellido lleva la penitencia—.

La propuesta presidencial fue impugnada ante el máximo tribunal del país por el innombrable para la 4T Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, satanizado por el presidente al grado de intentar desaparecerlo o por lo menos intervenirlo, y la mayoría del pleno determinó incluso que se trataba de un acto administrativo y no de una norma general, por lo que no se requería mayoría calificada del pleno del máximo tribunal para decidir su procedencia o improcedencia, es decir, solo seis de los togados, aunque la votación superó en número el requerimiento para la mayoría para las decidir sobre reformas constitucionales.

Reconocemos la legendaria incapacidad de la inmensa mayoría de los legisladores federales, y lamentablemente Quintana Roo en particular, salvo honrosas excepciones, se ha caracterizado por mandar a San Lázaro y a la sede senatorial del Paseo de la Reforma muchos pelmazos, pero siendo tan evidente la flaqueza jurídica de la pretensión presidencial nos atrevemos a afirmar que la percepción de la misma era a prueba de brutos —aquí o en la radio-tv por internet, no recordamos con precisión, lo comentamos tangencialmente en alguna ocasión, previendo su zozobra en el Palacio de Justicia de la calle 20 de Noviembre; no estamos tan seguros dónde—, aunque si los priistas, panistas y adláteres no se caracterizan precisamente por ser brillantes, los morenistas, verde ecolgistas y petistas, que hacen mayoría simple en ambas cámaras, les dicen "quítate que ai' te voy".

El legislativo es francamente kafquiano —nos referimos todos los partidos—, pero la Suprema Corte, mientras no prospere la iniciativa de la Cuarta Transformación de vulgarizarla —antes de que nos digan fifís, lo decimos en el sentido de hacerla integrarse a través del voto popular y no de la capacidad, probidad y carrera judicial de sus miembros—, nos sigue salvando de ser un país regido por la ley de la selva, como quisieran Andrés López y sus cuates en el Congreso, mismos que generalmente acaban comportándose como sus peores enemigos.

LA DICHA INICUA…

En una muestra total de desprecio por la división de poderes de la República Mexicana, el presidente López publicó un nuevo decreto para proteger como de seguridad nacional las obras del Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque , de nuevo, como proyectos de interés público, para que el gobierno federal no tenga que dar información de temas como su costo, programado, recalcado y ejercido, pocas horas después de que la Suprema Corte invalidara el de 2021.

"Es inconstitucional este acuerdo. Porque su amplitud y ambigüedad obstaculizan e inhiben el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto de las obras del Gobierno de México", expuso el ministro ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá, y siguió: "El acuerdo es a tal grado impreciso respecto a las implicaciones del derecho de acceso a la información pública y transparencia, que da un margen demasiado amplio a las autoridades para reservar la información, además de que en la declaratoria no se hace respecto de una lista taxativa del proyecto u obras".

El oportunismo del Ejecutivo es en verdad escandaloso: El INAI, que impugnó el decreto de 2001, no podrá hacerlo de nuevo por carecer de quorum hasta que sean nombrados los tres comisionados que faltan en su pleno, lo que ha sido frenado por el propio López Obrador y su partido, el mayoritario Morena, permanece bloqueando los nombramientos en el Senado.

Todo es parte de la guerra abierta y explícita que López mantiene contra el Tribunal Constitucional, cuyos ministros ha propuesto que sean elegidos por voto popular.

Qué bueno que no anda acaballo, porque si lo hiciera lo nombraría, como Calígula hizo con Incitato, senador, a pesar de que la mentada cámara está plagada de equinos.

Aberrante.

GRILLOGRAMA

El Estado soy yo…

Estos desplantes, no nuevos

De un mandatario arbitrario

Parecen gritar, a diario

¡Porque se me hinchan los h…

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EN CHETUMAL...