Yensunni merece la cárcel

Este jueves primero de junio se efectuó una "junta informativa" convocada por el Ayuntamiento de Othón P. Blanco referente al tema de la presunta municipalización del Club Residencial Andara, luego de que los esbirros uniformados de la alcaldesa Yensunni Martínez Hernández lo invadieran —tomaran, mejor dicho, al estilo paramilitar, con violencia, vandalismo, despojo y robo descarados —, el sábado 27 de mayo, siguiendo la supuesta orden de un juez, que no está firme ni ha causado ejecutoria y menos estado. Un acto ilegal, plenamente encuadrado en tipos criminales, que cometieron la autora intelectual, las demás autoridades implicadas y los brutales policías, con lujo de violencia, sin ningún tipo de mandato, orden judicial ni justificación legal.

En realidad, la pretendida junta informativa, a la que la comuna capitalina mañosamente convocó solo a los propietarios que pidieron la municipalización del asentamiento —una minoría, una veintena de familias que la autoridad municipal infló a 50, lo que significaría, aun concediendo sin aceptar el falso dato, algo así como 12.5 por ciento del total—, mintiendo en ello descaradamente la directora de Participación Ciudadana del municipio, Karla Elizabeth Caltzontzin, quien aseguró que personalmente visitó todas y cada una de las casas de Andara con estos aviesos fines, lo que desmintieron todos y cada uno de los asistentes ajenos a la asociación civil y en general al grupo que pretende defenestrar a la administración y apoyó la ilegal intrusión, llegando en dichas condiciones a la Torre de Babel en que se convirtió el encuentro.

En la pequeña glorieta que se encuentra a la entrada del residencial, en el que habitan algunos notables, es cierto, entre muchas, casi todas familias de de calase media, trabajadora, antes de la caseta de vigilancia, se reunieron los promotores de la invasión, que en realidad son un grupúsculo de residentes que pretenden vivir y disfrutar de los servicios de mantenimiento de las áreas comunes, incluyendo jardines e instalaciones de uso general para propietarios y residentes —estas de carácter privado, como las piscinas, gimnasios, canchas de tenis y baloncesto, casetas de acceso y servicios de personal de vigilancia—, vehículos y empleados de recolección de basura, verbigracia, sin pagar absolutamente nada —la mayoría de esa minoría, salvo un puñado de inconformes legítimo que solo ejercen su derecho a disentir, son morosos; diríamos, en alto latín, que se trata de marros, codos, mezquinos, gorrones, vividores y hue…—, usufructuando lo que es posible gracias al pago que realizan, acaso quejándose a veces por los costos —¿quién no lo hace, en estos tiempos de sempiterna crisis económica?—, pero sin dejar de cumplir con sus obligaciones, decentemente, quienes conforman la absoluta mayoría de por lo menos el 85 por ciento que repudia la municipalización.

Los funcionarios municipales, como el director de Asuntos Jurídicos, José Gaspar Ríos Padilla —muy inteligente, preparado y elocuente, eso sí, pero mintiendo cual sofista en el ágora ateniense del siglo IV antes de nuestra era—, nunca pudieron justificar y mucho menos documentar la ficticia municipalización que permitió el vandalismo de la morenista —pandillera, cual corresponde— presidenta municipal, con el ataque filibustero de su gavilla, que es la policía a su cargo, claro está, que, como hemos dicho, usó patrullas donadas por Mara Lezama Espinoza sin modificar ni pintar de acuerdo a su nueva asignación a la comuna, achacándole mañosa y dolosamente ante la opinión pública a la gobernadora una participación inexistente en el ilegal acto—, mientras que la contraparte sostiene su queja en las actuaciones y —dentro de poco— acciones de la autoridad local en un minucioso recuento de las actuaciones judiciales y ante las de los dos órdenes de gobierno, de cuya minuciosa documentación Café negro posee copias cotejadas pormenorizadamente con los originales, mostrados por el área jurídica de las empresas En tu Hogar y Más allane tus Expectativas. Huelga decir que las autoridades municipales y el cabildo no han presentado absolutamente ninguna prueba, salvo que las cachiporras de los esbirros que atacaron al fraccionamiento se consideren como válidas para apuntalar jurídicamente la causa de la transgresora Yensunni y sus adláteres. El avispado letrado oficialista de marras acabó por reconocer, tácitamente, que la municipalización se encuentra sub judice —pendiente de resolución judicial definitiva—.

La justicia federal, en realidad, solo ordenó la municipalización con fines de permitir la entrada de la CAPA al residencial para que los propietarios de las casas puedan optar por el servicio privado actual o por el estatal, y nunca dio patente de corso a la pillastre Yensunni para tomar, sintiéndose Alejandra Magna o Carlamagna, como si de una campaña de conquista de la Germania o la Galia se tratase, un lugar en el que la mayoría de sus habitantes solo aspiran a vivie en paz, bajo el amparo de la ley.

¿Los delitos que está cometiendo la remedo de Juana de Arco chetumaleña? Son, por lo menos, de abuso de autoridad y corresponden, para empezar, al artículo 215 del Código Penal Federal en varias fracciones, y son merecedores de penas de prisión.

En un descuido, y dado que no posee precisamente muchas luces —¡ah qué bonito nos sale decir lo que es, sin utilizar la fea palabra, que empieza con "es" y termina en "túpida"—, la prepotente concejal Yensunni Idalia podría acabar en la cárcel.

GRILOGRAMA

La delincuente Yensunni…

Ah qué bruta, y de rebote

la insolente presidenta

por su idiotez irredenta

podría acabar en el "bote"

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EN CHETUMAL...