Movilidad a la medianoche

(COLUMNA EN NOVEDADES). Rayando la madrugada del jueves 27 de los corrientes, entre otras leyes que llevaron a los integrantes de la XVII Legislatura de Quintana Roo a sesionar largamente —alguna malas testas dirían que para desquitar un poquito lo mucho que pierden el tiempo o de plano se ausentan del inmueble de Punta Estrella en Chetumal cuando el trabajo menudea, y quien lo haga escasea—, fue aprobada una versión ciertamente exprés, un poco desganada y deudora de la Ley de Movilidad de Quintana Roo, como una simple reacción legislativa a la crisis del transporte público de hace algunos meses, que tuvo notas de violencia y afectó notablemente a la imagen del norte del estado como un destino turístico tranquilo y pacífico ante los ojos de la propia ciudadanía, el país y el mundo. Urgía; se hizo, y punto.

Hay que decirlo: el apremio era por un feo jalón de orejas el tribunal de circuito que ordenó a la entidad —sí: a chaleco, so pena de caer en desacato— permitir la operación de las mal llamadas plataformas digitales —como mal les decimos, pues un servicio de Uber, verbigracia. se puede ordenar por teléfono; ya si la empresa utiliza computadoras es transparente para el usuario—, así que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo estaban obligados a obedecer a la justicia federal, so pena de caer en desacato.

Lo anterior puede restarle heroicidad a la iniciativa del gobierno y a la desvelada de los diputados, ciertamente, pero también hay que reconocer que se hizo un esfuerzo que fue más allá de solo cumplir para no tener broncas: es cierto que la ley está incompleta, no precisamente muy bien planteada, pero también reconozcamos que incorpora temas que rebasan con mucho la mera necesidad de ajustarse a una determinación jurisdiccional mandatoria y superior: eso pudo haberse hecho en un par de días, sin necesidad de ocupar el tiempo y trabajo del bastante atareado equipo de la gobernadora Mara Lezama Espinosa ni de distraer a los diputados de sus actividades sociales o de su sacrosanto sueño: la verdad es que se notó, tanto en esfuerzo como en resultados, la determinación de hacer las cosas lo mejor posible.

Aunque al lector le parezca raro, pues en este tema si alguien ha quedado como palo de perico es Cristina Torres Gómez, hay que decir que, más allá de echar las campanas al vuelo aunque no descartamos del todo un ánimo ánimo futurista hostil y vindicatorio contra Uber y asimilables, la secretaria de Gobierno fue prudente y realista al decir que con lo aprobado entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves el tema de la normatividad del transporte público en Quintana Roo está lejos de estar agotado y satisfecho. Por la congruencia de sus comentarios, la verdad tendemos a pensar que a lo que se refiere es a que hay trabajo, mucho trabajo por hacer para lograr un marco regulatorio ideal, que vaya más allá de meramente desactivar el detonador del trinitrotolueno acumulado durante lustros de desinterés y —sobre todo— corrupción.

Tomamos la nota de Mario Castillo para La Crónica de Quintana Roo: "Inmediatamente (después) de cumplir con las reformas a la Ley de Movilidad, el Estado ya trabaja con una ley inclusiva y de seguridad en esa materia para hacer una modificación total a esta legislación, anunció la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez".

Ahí la segunda al mando del Poder Ejecutivo de Quintana Roo reconoce sin ambages —rara avis en la política, acostumbrada a ofrecer chocolate con leche azucarado y dormilón en vez de la amarga realidad de un café negro, bien cargado, que despierte conciencias— que la neonata reforma para regular el transporte público y el privado que se ofrece a través de las llamadas plataformas digitales se hizo en cumplimiento de la resolución del Tribunal de circuito "que ordenó permitir esta modalidad del servicio". No fue una graciosa concesión, ni fue una ocurrencia o una iluminación del Espíritu Santo: se trató de cumplimentar una orden apremiante y no de una comedida gestión gubernamental.

Pero insistimos: en los trabajos de los dos poderes del Estado que intervinieron es evidente un esfuerzo que va mucho más allá que decir, como reza el chiste, "a'i tá, a'i ta, a'i ta". Lo alentador es que Cristina Torres reconoce la circunstancia derivada del apremio judicial, y además identifica lo que resta por hacer: avanzar hacia la armonización de la ley local con la ley general en materia de movilidad y seguridad en el transporte público y en la infraestructura vial.

No omitió señalar la jefa política del gabinete de Mara Lezama que con la creación del fideicomiso y fondo de movilidad "se da el primer paso hacia ciudades inclusivas y amables con el peatón con más y modernas señaléticas, transportes públicos eléctricos (y) nomenclaturas para personas con discapacidad…"

Así lo entendimos: la aprobación de la nueva normatividad significó empezar a trabajar, lo cual es obligación de la autoridad, pero para nuestra realidad es un paso muy importante que pocas veces se da.

HOMÚNCULOS

Hemos comentado aquí las varias virtudes del proyecto del Tren Maya que, aun con el coste medioambiental que implica —que no es posco, pero el desarrollo de la infraestructura siempre, necesariamente, lo trae aparejado—, pero la voracidad financiera de esta obra toral para el gobierno de Andrés López sigue creciendo sin parar. Las cuentas las podermos hacer con alguna certeza y mínima precisión al pasar acaso cinco o 10 años de su entrada en operación. Somos ligeramente optimistas al respecto, a pesar de que hic et nunc está saliéndonos extremadamente caro.

Ahora decidió el gobierno federal, con el incondicional apoyo de la aplanadora morenista, destinar el 80 por ciento de los ingresos por cobro de expedición de documentos migratorios de visitantes extranjeros sin actividades remuneradas para financiar el famoso ferrocarril del sureste. Bien: aun así nos parece que el esfuerzo financiero del pueblo de México valdrá la pena.

Sin embargo, hay algo que preocupa mucho: este apoyo al proyecto insignia del presidente López será a costa de dejar al Instituto Nacional de Migración con solo el 20 por ciento de los recursos generados por la inmigración temporal, y vaya que la infraestructura del ente no ofrece en sus estaciones migratorias las mínimas condiciones es de ya no digamos de respeto a los derechos humanos, sino de mínima seguridad para los viajeros que ahí se alojan por razones de ilegalidad en su internación al país o por las mismas en su intento por llegar a los Estados Unidos.

¿Es que tan pronto se les olvidó la tragedia de Ciudad Juárez, acaecida apenas el 5 de abril, en la que en un pavoroso incendio murieron 40 personas provenientes de varios países? Como que no está el horno para bollos, cuando a menos de un mes la gente del antiguo Paso del Norte comenta que aun persiste el olor a carne humana quemada.

GRILLOGRAMA

El caldo y las albóndigas…

Es al futuro que apelo

Al apoyar el tren maya

Aunque saliéndonos vaya

Más caro que un hijo lelo

columnacafenegro@gmail.com

EN CHETUMAL...