Imoveqroo: filibustero contra municipios

¿Se acuerda el lector del conflicto de los taxistas "sindicalizados" —esos son clubes o asociaciones de propietarios amafiados; ¡no sindicatos!— que con vergonzosos actos violentos intentaron impedir la operación de Uber y demás plataformas digitales, afectando severamente la paz social y la imagen de nuestro turístico Quintana Roo, aun no del todo resuelto? Se acordará también quien amablemente su atención nos dispensa que los ruleteros revoltosos fueron apoyados por la secretaria de Gobierno, Cristina Díaz Torres —con conocidos intereses y compromisos con el gremio, que la ha apoyado incluso electoralmente—, el director general del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, el taimado y parcial —por no decir corrupto— Rodrigo Alcázar Urrutia—, la exdiputada e hija de un líder histórico de los choferes de alquiler cancunenses Érika Castillo Acosta, y el presidente de la Comisión de Movilidad de la XVII Legislatura, José María Chacón Chablé, lacayo de todos ellos?

Por lo menos en apariencia, Cristina Torres fue frenada en seco por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien puso a chambear a sus subordinados para resolver el conflicto sin arbitrariedades ni corrupción, pero los demás siguen empeñados en utilizar a las instituciones en su beneficio, y para ello es menester fortalecer al infausto Imoveqroo a costa de los ingresos de los municipios. Huelga decir que la secretaria de Gobierno forma parte de la Junta de Gobierno del hechizo ente "regulador" del transporte, que es en realidad una cueva de alibabás corruptos, una caterva de gángsters que están ahí para proteger a la mafia taxista de la que forman parte dos altas autoridades.

El arroz se coció desde que la legislatura aprobó en abril una iniciativa que, con el pretexto de armonizar la Ley de Movilidad estatal con la Ley Federal Movilidad y Seguridad Vial de 2022, le dio facultades al Imoveqroo para retirar del control de los municipios la expedición de licencias de manejo y de los recursos que genera la misma, así que los argumentos legales ya estaban a favor de los diputados que aprobaron la iniciativa que se discutió ayer en Punta Estrella, pero que social, política y económicamente va totalmente en contra de las finanzas —y por tanto capacidad funcional— de los municipios, que en este país un —federalismo invertido, calificó Julián Ricalde Magaña— son los que a fin de cuentas sufren más por la escasez de dinero, pues el estado tiene mayor solvencia y la federación no se diga, cuando no son quienes atienden directamente a la población.

El tribuno por el Distrito 1 encabezó los esfuerzos de pocos compañeros favorables a los intereses municipales —fue alcalde de Cancún—, que apoyaron con decisión e inteligencia las diputadas Cinthya Millán Estrella y Maritza Basurto Basurto (cuyos muy sesudos argumentos, el primero de tipo económico y el otro sobre la extemporaneidad legislativa, merecerían cada uno comentario propios, mas no tenemos espacio para exponerlos, pero se pueden conocer de viva voz buscando en Google el excelente portal del Poder Legislativo de Quintana Roo). Los razonamientos en tribuna casaban perfectamente con el sentido común —Basurto, con derroche de estilo, criticó que se le estuviera dando "dientes" al Imoveqroo de manera exagerada, para tener exceso de ingresos cuando no da resultados, verbigracia—, pero lamentablemente para su causa y la de los 11 municipios de Quintana Roo —aunque no lo sepan—, los de los de los adversarios, aunque injustos, tenían mucha mayor lógica jurídica y legislativa; así ganaron… "en buena ley".

"Cuando se nos platicó este asunto —comenzó Ricalde— se dijo que era por un tema de seguridad, cosa que compartimos (…), pero la exposición del compañero Chema dice perfectamente que ahora Imoveqroo tomará la opinión en lo conducente a los municipios (…) con voz, pero sin voto, porque no pueden votar porque no pertenecen a la Junta de Gobierno, y ustedes saben que las licencias, derechos, aprovechamientos y ¡un solo impuesto!, que es el predial, son parte de lo que hace las finanzas de un municipio", y dijo que por conocer el convenio de Isla Mujeres —que sabe por ser diputado de es distrito— ya viene con 295 pesos por licencia, que se van a restar al monto que se devolverá cada día 20 a la comuna isleña. Ni siquiera el ayuntamiento podrá determinar las tarifas según lo faculta el artículo 115 constitucional. "Por supuesto que hay un impacto a las finanzas", sentenció el nativo de Isla Mujeres.

El decreto aprobado modificó el artículo 34 de la Ley de Movilidad para emitir las tarifas respecto a la expedición o renovación de licencias o permisos para conducir vehículos de motor, estableciendo que será la Junta de Gobierno del falaz y parcial Imoveqroo la entidad que se encargue… ¡y se lleve la lana, regresando a las comunas una limosna discrecional!

La falsedad está aquí: la reforma aprobada prescribe la firma de convenios con los ayuntamientos para que sigan percibiendo "de manera mediante (sic, que el lector debe imaginar con la tiplisonante voz del siervo de taxistas Chacón, a quien le cuesta enorme trabajo expresarse) la firma de un convenio, los ayuntamientos sigan percibiendo como parte de sus ingresos propios lo recaudado por concepto de licencias y permisos".

Otro argumento exhibido por el carrilloportense fue el de la seguridad, que lamentablemente en México, en vez de una aspiración, un anhelo, se ha convertido en un pretexto ideal —"moralmente" todos están a favor de esta, pues no hacerlo sería percibido como una "chacalada"— para expeditar despropósitos, tropelías y decisiones retrógradas.

Para no variar, el argumento jurídico-administrativo incontestable lo brindó Hugo Alday Nieto, representante del Distrito 3, en el sentido explicado supra, aunque lamentamos no poder analizar aquí, por falta de espacio, los argumentos favorables a la iniciativa de Chacón y compañía —Comisión de Movilidad—, varios de los cuales valieron la pena.

Al final, el presidente de la Mesa Directiva, legislador de representación proporcional por el Morena, Humberto Aldana Navarro, zanjó la cuestión centrándose en la parte jurídica —cual creemos que es su función como líder camaral, ciertamente—, anticipando que se busca crear un comité para mayor garantía de justa devolución de los recursos a los municipios, avaló la aprobación, pero hay que tener claro que el madruguete que establece la actual lógica jurídico-legislativa se los dieron los aviesos jefes del diputado Chacón —Cristina Torres, we mean— desde abril, por lo que la justa lucha de Ricalde, Millán y Basurto quedó fuera de la normatividad.

Lástima, porque tenían claramente la razón. Para la otra: ¡pónganse truchas!

GRILLOGRAMA

Triste historia…

Y así acabó el madruguete

De Cristina y su caterva

A través, y eso me enerva

De un diputadillo oj…

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