Medicamentos del extranjero... depende
(COLUMNA EN NOVEDADES). Si se actualiza en ella la bandera de la no corrupción de la Cuarta Transformación, la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, puede resultar de gran beneficio para los sectores más necesitados de la población que, como se ve por el flamante reporte del Inegi sobre la economía nacional en el segundo trimestre, con una contracción del PIB de 18.9 por ciento en comparación con el mismo periodo año anterior, será por desgracia cada vez más numerosa, aunque es cierto que la falta de transparencia que permite abre espacio para los malos manejos y los negocios chuecos.
La previsión del gobierno de López ante la necesidad de contar cuanto antes con la vacuna contra la covid-19, prodúzcase donde se produzca primero en el mundo, nos parece del todo pertinente dado el acentuado impacto de la pandemia que sitúa a México como uno de los primeros –es decir: peores– países del mundo en número de contagios y decesos, lo peor sería la inacción gubernamental. No estamos hablando de las causas de lo anterior, pero sí creemos que entre ellas está la falta de prevención, que ahora se quiere subsanar librando a los medicamentos de largos procesos de licitación por causas que pudiéramos considerar incluso de seguridad nacional y, por tanto, urgentes.
Los riesgos de esta nueva normatividad asentada en la adición de un párrafo quinto al artículo primero de la ley, que ciertamente no deben ser desdeñados, han sido formulados por los industriales farmacéuticos de manera puntual, aunque con cierto toque alarmista. Aunque es cierto que la reforma en comento deja un espacio abierto para la corrupción, como sector eventualmente afectado –de manera comprensible– están dando por hecho que en las compras consolidadas se favorecerá a los laboratorios del exterior, lo que negó Óscar González Yáñez, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la cámara baja, al asegurar que en medicamentos se buscarán las mejores ofertas sin importar si estas se presentan en el país o en el extranjero.
De manera por demás curiosa, la propia ONU, que el presidente indicó que sería, bajo convenio, permanentemente supervisora de las operaciones, consideró “atrevida” la modificación lopezobradorcista cuando el director regional de la Oficina Regional de Servicios para Proyectos, Fabrizio Feliciani, metaforizó que equivaldría a cambiar la rueda de un coche cuando este estaba todavía en movimiento, desdeñando el argumento mexicano del desabasto y, coincidiendo con nuestros industriales, de que favorecería la corrupción.
Si el de la letra fuese parte atinente al sector salud del Gobierno de México, le respondería al alto funcionario de las Naciones Unidas que negar un desabasto que sin duda propiciaría un proceso de adquisición que durara los tiempos legales y usuales de las licitaciones permitiendo los contagios y decesos que se presentarían en esos días, dando por hecho compras directas amañadas, equivaldría –para seguir con las alegorías– a cambiarle la biela al automóvil antes de haberlo arrancado por primera vez.
Y tampoco podemos ver a los laboratorios y distribuidores nacionales de medicinas como hermanitas de la Caridad, por lo que la reciente estimación asaz catastrofista de Rafael Gual, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, de que por el alto volumen de compras gubernamentales que dejarían de surtir sus afiliados se estarían perdiendo 100 mil de los 250 mil empleos del sector, pudiera ser una manera de admitir que no son competitivos e incluso –dejando aparte la legendaria tirria presidencial contra el empresariado, que no está en duda– que han sido históricamente abusivos y avaros.
En este espacio, aun hablando de compras específicas del Gobierno de Quintana Roo, siempre que en condiciones similares y así sea considerando válida una razonable subsidiariedad para apoyar a la economía y al empleo, es válido dar alguna preferencia a los proveedores locales, pero si estos no tienen la capacidad para ofrecer la misma calidad y precios por lo menos cercanos a los que se puede encontrar en mercados foráneos, la obligación de la administración pública es optar por lo que beneficie más a la población, que es la verdadera dueña del erario, y sin duda si se trata de salvaguardar la vida y la salud vale la pena correr los riesgos de la opacidad.
Si los empresarios farmacéuticos eventualmente demuestran que fueron marginados de manera injustificada de las adquisiciones de medicamentos, ya se lo podrán reclamar a López Obrador, aunque sea a toro pasado, y desde luego los apoyaremos con la denuncia. Mas creemos que hoy la salud y la vida de los mexicanos están primero.
LA DICHA INICUA…
De los tres megaproyectos de infraestructura del actual gobierno federal, dos son casi unánimemente considerados absurdos, onerosos y hasta inviables. Primero, el Aeropuerto de Santa Lucía, que amén de haberse estrellado con un sinnúmero de problemas técnicos, tanto de ingeniería como de aeronáutica, de estar siendo construido por militares invadiendo una esfera que debería ser civil y significará un verdadero embrollo de logística para la transportación aérea de la Ciudad de México, es emblemático del precoz divorcio del sexenio con los capitales y la inversión doméstica y mundial al haberse cancelado la construcción de la que hubiera sido una la más modernas terminale aérea de Latinoamérica, a la altura de las principales del mundo, que, por cierto, era principalmente financiada por la iniciativa.
Luego, la refinería de Dos Bocas, cuyo proyecto, que fue rechazado por las principales constructoras especializadas del mundo por su absurda proyección presupuestal –ñas mismas que el presidente López presumía que se peleaban por la obra y por ende se construye con fondos públicos–, adolece de importantes contraindicaciones, que van desde la extrema brevedad de su vida útil –unos 20 años–, su vulnerabilidad climática por el frecuente azote de huracanes e inundaciones, su casi nula utilidad logística, la debilidad histórica de la industria y creciente caída de los precios de los mercados de hidrocarburos para los países que no son miembros de la OPEP… y un largo etcétera, al que se suma su total impertinencia en tiempos de crisis por la emergencia sanitaria y el derrumbe de la economía nacional.
Empero, el caso del Tren Maya es muy distinto, pues el proyecto ha dividido opiniones, desde quienes lo consideran como clave para el desarrollo de la región sureste del país –entre ellos el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González– y los que lo ven como una amenaza a la riqueza cultural –por los vestigios arqueológicos que serán afectados– y sobre todo nacional, por los daños a la selva de los estados de la Península de Yucatán y Chiapas. En términos económicos, pocos dudan que entre los costos de construcción y operación del mentado ferrocarril será necesariamente deficitario, pero algunos opinamos que si es cierto que incidirá en la economía regional y el desarrollo de la población cercana los gobiernos pueden ejercer su prerrogativa subsidiaria en beneficio de la población. Las opiniones están, pues, divididas.
HOMÚNCULOS
Lo que sí nos parece de plano reprobable es que algunos politicastros de corta estatura hagan a un lado las consideraciones legítimas y auténticas en pos de beneficios políticos y electorales, como se ha visto en muchas opiniones. Ayer el activista maya y eterno defensor de los derechos usurpados a los indígenas en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an –entre otras causas– Alfaro Yam Canul, en su columna Presencia indígena: raíces mayas desde la cueva del tigre oculto, hace un fuerte señalamiento a la senadora por Quintana Roo Mayuli Martínez Simón por estar, según él, atacando por motivos ilícitos una importante posibilidad de desarrollo para los pueblos persistentemente relegados, marginados e incluso atacados (recordar la heroica Guerra de Castas) por los gobiernos racistas y clasistas. Citamos su opinión ad litteram:
“Tampoco permitiremos que nos pretendan sabotear y criminalizar nuestras demandas legales y legítimas, como la provocación en los medios de comunicación que hace algunos días hizo la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, al darnos a interpretar que el PAN pretende la suspensión del Tren Maya.
“En este sentido no vamos a desistir este gran proyecto toda vez que cuenta con la aprobación, de las comunidades indígenas y sus autoridades comunitarias, por lo tanto a pesar de la línea de su partido debe de rectificar y apegarse a estos acuerdos, de seguir con su equivocación estaría echando gasolina al fuego y ocasionar consecuencias fatales cuya responsabilidad la tendrá específicamente la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón y el Partido Acción Nacional”.
Esa es la opinión del activista de Felipe Carrillo Puerto, pero nos permite ver que las de los partidos suelen originarse en la inicua pugna político-electoral y rara vez lo hacen con miras al bienestar de la gente, y más cuando de legisladores federales se trata.
GRILLOGRAMA
Oportunismo…
¿Será que esa oposición
De Mayuli, al tren, es seria
O más bien es la miseria
De llana y vil ambición?
columnacafenegro@gmail.com
