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CFE condena a Quintana Roo


(COLUMNA EN NOVEDADES) Los conflictos que le ha generado a México la pésima conducción de la Comisión Federal de Electricidad por parte de Manuel Bartlett Díaz podrían causar daños muy graves a Quintana Roo muy pronto y, por lo que se teme, a mediano y largo plazos, lo que pondría en jaque –incluso al punto del colapso– a la principal industria generadora de divisas no petroleras del país –que es el turismo– y a la economía y población de la entidad.

Al final de esta semana se sucedieron noticias muy desalentadoras en cuanto al suministro futuro de energía, pero además de paso están teniendo ya repercusiones en la calificación internacional de México en términos de inversión y confianza para hacer negocios, en espacial con nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá –que además significan el grueso de nuestros turistas–. Veamos.

De los tres estados de la Península de Yucatán, Quintana Roo es el más afectado por la desastrada condición de la CFE. La razón es que las generadoras existentes tienen una capacidad muy por debajo –75 por ciento– de la demanda peninsular, y por razones geográficas el déficit de fluido eléctrico se siente primero y de manera más severa en nuestro estado que en el vecino del noroeste o Campeche, que también genera electricidad.

Después del apagón del 5 de abril, que se suscitó casi un mes después de otro en marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se llenó la boca de promesas: anunció la construcción inmediata de una nueva planta (Mérida IV, y hasta había mencionado a Quintana Roo. Lo cierto es que nada ha cambiado hasta ahora y Manuel Bartlett, en un virtual desmentido de los ofrecimientos presidenciales, ha venido aclarando que en realidad lo que se va a hacer es “darles mantenimiento” a las termoeléctricas existentes y al ciertamente vetusto tendido.

Pero aunque Andrés López sacara una varita mágica y apareciera súbitamente la planta más grande y moderna, y Bartlett reacondicionara del todo la infraestructura existente, nada, absolutamente nada, se resolvería, pues el problema principal es el insuficiente suministro de gas natural, que impide el funcionamiento pleno incluso de las plantas actuales, tal como se encuentran.

El 19 de junio Novedades publicó una nota de Jesús Mena, que dice a la letra: “El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) declaró un Estado Operativo de Emergencia a nivel eninsular debido a que se requiere de al menos 985 MW (Mega Watts) para abastecer a las tres entidades, pero solamente se prevé una generación de 732 MW en las Centrales de Ciclo Combinado (CCC) Mérida III y Campeche”.

La CFE quiere anular contratos con IEnova, filial de la gasera estadounidense Sempra, que puso en el limbo compromisos adquiridos, como la terminación de un gasoducto que terminaría con la escasez de combustible para las plantas de Yucatán y Campeche, con o sin nuevas termoeléctricas.

Con TransCanada el problema es el mismo en cuanto al funcionamiento de los gasoductos, pues, debido a la falsa información que el fanático Manuel Bartlett proporcionó al presidente, México dejó de pagar injustificadamente, como declaró a Procesoel exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa; tales afirmaciones, por cierto, la transnacional canadiense las está usando en su litigio. Esta firma ha invertido cinco mil millones de dólares en gasoductos en México, pero en sociedad con IEnova ganó la licitación del proyecto Sur de Texas-Tuxpan, crucial para nuestra región y, sobre todo, para el turístico Quintana Roo.

Ayer en su “matutina” López se desentendió de su compromiso inicial de honrar los contratos firmados por México, que hizo cuando la ominosa cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco –ahí empezó la debacle–, aunque también dio a entender la certeza de que perderíamos cualquier arbitraje internacional contra las empresas norteamericanas al sugerir evitar esta vía de resolución, por lo que es inverosímil su afirmación de que las negociaciones “van bien”.

No tarda Donald Trump en armar una barahúnda –y en imponer sanciones, vaya a saber el lector si a las importaciones de tomate, aguacate, atún o acero mexicano; cualquier cosa sirve– porque México, con el peliagudo asunto de la CFE, está faltando a las reglas y al espíritu del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TMEC.

Hoy todo está en riesgo por la necedad del senil Bartlett y la obcecación del presidente.


HELADA MADRINA

Desde el 18 de julio por lo menos dos de las principales agencias calificadoras financieras internacionales, siguiendo a los descalabros infligidos a Pemex, redujeron el grado de inversión a la paraestatal CFE, lo que significa que va ser mucho menos posible conseguir dinero e inversionistas para salir de la crisis que afecta sobre todo, como dijimos arriba, a la Península de Yucatán. Se publicó en todo el mundo; aquí citamos a El Financiero:

“Mientras que Fitch hizo reducción en su calificación de su grado de inversión a largo plazo en moneda extranjera al pasar de BBB+ a BBB, Moody's dijo que ahora la perspectiva bajó a 'negativa' desde 'estable'.

“El cambio es un reflejo del cambio de la calificación del gobierno de México, ‘el proveedor de soporte’, dijo Moody's. La justificación fue la misma para Fitch Ratings.

Tener una nota BBB significa que pese a que la calificación es satisfactoria, existen problemas largo plazo.

“‘Las calificaciones de CFE están al mismo nivel que las calificaciones soberanas de México, ya que incorporan la fuerte vinculación de la empresa con el gobierno mexicano’, informó la agencia.

“El miércoles, Fitch Ratings anunció el recorte de la nota de deuda soberana de México a largo plazo a BBB desde BBB+, al observar mayor riesgo para el país, agravado por las amenazas externas por las tensiones comerciales”.

Todos están mal, López tiene otros datos y vamos requetebién.


HOMÚNCULOS

El secretario de ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Gonzalo Hernández Licona fue removido de su cargo cuatro días después de que en una columna señalara las afectaciones a esa institución por los recortes de presupuesto del gobierno federal. Publica hoy Excélsior:

“El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló presuntos excesos en el Coneval, como que el arrendamiento de inmuebles pasó de 236 mil pesos en 2013 a casi 80 millones en 2018, ‘por rentar un edificio nuevo y desocupar el que es propio’.

“El mandatario presentó un ‘informe’ en su cuenta de Twitter, donde expone que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) gastó en 2018 unos 20 millones de pesos más ‘en el arrendamiento de oficinas que en la realización de estudios e investigaciones’”*.

Luego de que el presidente López adelantara que el organismo que evalúa la pobreza en México desaparecería y que sus funciones las desempeñaría el INEGI, alguien seguramente, temblando de miedo y con los dientes castañeteando, le habrá susurrado al oído al mandatario: “señor… este…, al INEGI ya le aplicamos más recortes que al Coneval… de hecho, la mayor parte de los censos especializados, estudios e indicadores que realizaba ya quedaron suspendidos por falta de recursos materiales y humanos”. Fue entonces cuando se decidió nombrar en el cargo José Nabor Cruz, pero la Espada de Damocles sigue con su macabro movimiento pendular sobre el encéfalo del organismo, pues a André el “Desprendido” López le encanta liquidar entidades públicas.


GRILLOGRAMA

Dèjá vu?...

Al presidente, es el tema

Que en viejas momias, confiado

La CFE ya ha tronado

Bartlett, “tirando el sistema”

columnacafenegro@gmail.com

*Coneval respondió al presidente López Obrador:

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