Guillermo en camino al patíbulo

Hoy nos disponíamos a criticar a la Fiscalía General de Quintana Roo por las dramáticas afirmaciones que hizo el jueves ante la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo su titular Óscar Montes de Oca Rosales –la mayor parte por herencia, pero ya no solo de la administración pasada, pues ya pasó un tercio del sexenio actual y mucho hay que atribuirle a la administración de Miguel Ángel Pech Cen–, quien reconoció un 81.5 por ciento de escandaloso rezago en las carpetas de investigación, mas no por un arranque de sinceridad, sino para requerir una gigantesca ampliación de presupuesto en busca de revertir la situación, mas ayer cayó una bomba informativa que deja estos tópicos en un plano secundario.

Se dio a conocer que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, luego de revisar la sentencia de amparo del exsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina, determinó que el alto funcionario del sexenio borgista no es sujeto de la protección de la justicia federal, de manera que subsiste la carpeta de investigación 143/208 que la fiscalía estatal enderezó en su contra por la investigación del caso de la arrendadora aeronáutica paraestatal VIP Saesa.

Lo más triste para Guillermo es que, con toda seguridad, al ver derrumbarse una a una otras querellas vinculadas al caso, esperaba que más temprano que tarde quedaría exonerado de los graves quebrantos al erario que le imputó la fiscalía en este sexenio de Carlos Joaquín González, entendiéndose que se trata del “número dos” del encarcelado gobernador Roberto Borge Angulo, pero ayer se supo que no será así.

Pesos completos del sexenio 2011-2016, como el exsecretario de Gobierno Gabriel Mendicuti Loría, hace poco más de dos semanas fue liberado de los cargos imputados en la carpeta de investigación 151/2017 por el delito de desempeño irregular de la función pública.

Desde diciembre el exsecretario de Infraestructura y Transporte y exdelegado de Diconsa, Mario Castro Basto, salió libre por orden de un juez federal, que determinó que el delito del que se le acusaba había prescrito.

El 21 de febrero el exprocurador fiscal, Víctor Hugo Loyola Corona, quien fuera vocal ejecutivo de VIP Saesa, obtuvo su libertad mediante un amparo por “vicios ocultos” en el proceso, y todo indica que acabará siendo exonerado.

Sin embargo estas buenas nuevas para los funcionarios borgistas no acabarían incluyendo a Guillermo: la resolución de ayer deja subsistente la orden de aprensión en contra del otrora poderoso funcionario. El amparo 115/2018 que promovió ante el Juzgado Tercero de Distrito, como es sabido, también se le negó.

Juan Pablo Guillermo cuenta con al menos siete denuncias penales interpuestas por la Secretaría de la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado. Pasos en la azotea es lo que por lo menos debe sentir el operador financiero de Roberto Borge que despachaba en los bajos del número 1 de la calle 22 de Enero de Chetumal, pues pudiera ser detenido en cualquier momento… en caso de que no se haya comprado una isla en Timor Oriental y nuca volvamos a saber de él.

Buena suerte, sin duda, tiene el fiscal Montes de Oca, pues la procuración de justicia de Quintana Roo acaba de apuntarse un triunfo inapreciable.

HOMÚNCULOS

A más de dos años de solo calentar la curul –no cualquiera, pues su escaño corresponde al presidente de la Gran Comisión que prometió desaparecer a favor de una junta de coordinación política… pero no mientras él estuviese ocupándola–, prepotente y absolutista, el diputado panista Eduardo Martínez Arcila tuvo que pasar el vergonzoso momento de ser anfitrión del Primer Encuentro Nacional de Transparencia Legislativa al tiempo que la organización Somos tus Ojos le realizaba una protesta a las puertas del inmueble de Punta Estrella, precisamente por seguir sin aclarar el destino de 100 millones de pesos supuestamente destinados para “ayuda social”, a pesar de la orden de un juez federal que obtuvo la asociación civil dedicada precisamente a la transparencia, pero para caras duras la del soberbio legislador, pues a pesar del ridículo a nivel nacional seguramente ni sufrió ni se acongojó: lo único que espera es que se confirme que encabezará la lista de representación proporcional del Blanquiazul para pasarse la segunda mitad del sexenio joaquinista tan fresco como la lechuga, aunque ya con las manitas amarradas porque sería cuando mucho un diputado más y de una minoría. Tremendo prestidigitador, Arcila, que esconde de la vista lo que pasa en la realidad como manipulando naipes, ya solo será un simple mantenido impune, si acaso se le hace.

Mas no solo en términos de estricta justicia sería una desgracia que uno de los peores tribunos quintanarroenses de los que se tenga memoria alargue su estado de impunidad, sino también porque su reelección sería garantía de continuar la inoperatividad e ineptitud que caracterizó a la XV Legislatura en la XVI. Resulta que el sujeto de marras, en ocasión de la comparecencia del fiscal general de Quintana Roo Óscar Montes de Oca ante las comisiones atinentes, expresó que se requería que expusiera “lo que sucede en materia de impartición de justicia”.

¡Hágame usted, lector, el grandísimo favor! El líder del Poder Legislativo, que en sus tiempos de paladín electoral del PAN ante el Ieqroo se hacía pasar por niño prodigio de la política, ignora que el abogado del estado y la fiscalía que encabeza se ocupan –o pretenden ocuparse– de la procuración de justicia, mientras que la impartición de la misma es asunto del Poder Judicial.

¡Con razón! Tremendo zote, que no tiene la más remota idea de cómo funciona el Estado y a qué se dedican sus instituciones, ha estado al frente de los legisladores quintanarroenses desde el 30 de septiembre de 2016. Queda claro, en sus postrimerías, por qué la décimo quinta ha sido una legislatura perdida.