Iría justicia tras Torres Llanes
A principios de noviembre del año pasado publicábamos en este mismo espacio una advertencia dirigida hacia el Ayuntamiento de Othón P. Blanco –otros ayuntamientos y un organismo público descentralizado entrarían en el paquete– por parte de un prominente empresario inmobiliario chetumaleño. El primer imputado ante un juzgado en una serie de acciones judiciales que podría anteceder al ex presidente municipal Luis Torres Llanes e incluso irle preparando una buena colchoneta, un iPad y un ventilador en su celda es Roberto Chim Interián, el inútil y prepotente responsable de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, pues ya tiene fijada fecha para una audiencia inicial –sin estar, por ahora, detenido– en el Juzgado de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal. Inicia pues un asunto penal –no administrativo, ni nada leve– que podría terminar en prisión.
Se trata de la Carpeta Administrativa 279/218 que se instruye por su probable participación en el hecho delictuoso de abuso de autoridad. Sí: es un citatorio para que el funcionario del ayuntamiento capitalino acuda a las 13:00 horas del día 10 de octubre del año en curso a la Sala Cuatro de las instalaciones del Juzgado de Control de Primera instancia de la jurisdicción mencionada, sita en la colonia Arboledas, al norte de Chetumal.
Luego de que publicamos en 2017 la columna de marras, nos enteramos de que Luis Torres –apaleado en las elecciones del 1 de julio por la candidata del Morena Carmen Patricia Palma Olvera cuando tiró la toalla en el ayuntamiento con las intenciones de “chapulinear” a diputado federal, sabedor de que dada su pésima gestión como alcalde reelegirse no era opción– y sus compinches se rieron y burlaron en privado y en público de la advertencia del empresario Sergio Zapata Vales de que no se iba a quedar cruzado de brazos por el abuso de autoridad de los funcionarios de la comuna.
Aunque tardío, este es, pues, el principio de la acción de la justicia que se aplicará contra estos pésimos funcionarios, incapaces y negligentes, que por sus pistolas –pero sobre todo por aliarse mafiosamente con los intereses de otros empresarios, los más poderosos de la comarca– mantienen frenada una importante inversión que incidiría no solo en el empleo y el desarrollo del suburbio de Calderitas, sino que también mejoraría la economía y la salud de las familias que ahí habitan.
Quienes lean esto y ante la misma empresa actuaron de manera similar, desde la CAPA y otro municipio del norte de Quintana Roo, ya pueden ir poniendo sus barbas a remojar, porque van contra todos.
HELADA MADRINA
Recordemos la historia. En 2017 hicimos notar, refiriéndonos a la CAPA, que es una empresa estatal que distribuye y vende agua potable –no purificada–, por cierto con legendaria ineficiencia, mala calidad y pésimo servicio, organismo operador que obliga a las familias a comprar en los comercios agua purificada a precios inaccesibles para las más marginadas y acarrea por lo menos onerosos costos hasta para las clases medias, afectando su economía y bienestar.
Aun más: el artículo 4º constitucional, en su párrafo sexto dice que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. Es evidente que no sólo no se cumple ese mandato constitucional, sino que además, como se verá, nuestras autoridades, sin fundamento legal alguno, están impidiendo un importante avance en la consecución de tan elevados fines, sin tener que invertir un peso partido a la mitad.
La clara diferencia entre los significados de las voces “potable” y “purificada”, referidas al agua para consumo humano, son confundidas por una autoridad que en todo caso no pudiera calificarse menos que de ignorante, bajo una mirada complaciente y generosa pudiera ser la causa de un diferendo entre un pujante emprendedor chetumaleño y la presidencia municipal, pero con una pizca de malicia lo que se percibe no es solo estulticia, sino corrupción. Han lanzado a los medios la odiada palabra “privatización” sin fundamento alguno, de lo cual han hecho eco periodistas inescrupulosos amén de zafios.
REPÚBLICA DE BABIA
Existen solo dos posibilidades: el ex presidente municipal de Othón P. Blanco Luis Alfonso Torres Llanes mintió, obstaculizó el desarrollo, la inversión, la generación de empleos y la libre empresa, o está siendo engañado y mal informado por su gente: los equipos jurídico y de obras públicas del ayuntamiento, específicamente el campeón de las trabas burocráticas Roberto Chim, quien peca de estolidez y chapucería perjudicando de manera por demás arbitraria a un empresario audaz y próspero merced a negocios lícitos, a las instituciones del Estado y a los habitantes, que permanecen privados de un servicio que podrían tener y merecen, y, desde luego, no tienen ni supletoriamente, en detrimento de su salud y economía.
Sergio Zapata Vales es el director y socio principal de la empresa Más Allá de Tus Expectativas –abreviada Madte– que provee de agua purificada a dos desarrollos residenciales que él mismo construyó al norte de Chetumal, entregando un líquido que supera las más altas especificaciones de pureza y calidad a través de redes privadas de tubería y a presión, sin tinacos ni cisternas. El agua purificada no es la de la llave, sino la que el lector acostumbra comprar en botellas desechables de contaminante PET y garrafones rellenables. La potable es la que los chetumaleños obtienen al abrir el grifo –cuando no falla el servicio: o sea, muy de vez en cuando–, y pocos se atreven a beberla pues no es apta para la ingesta humana.
Los clientes de Madte solo tienen que abrir un grifo en su cocina para obtener agua de la más alta calidad, apta para beber, muy sabrosa incluso, merced a un servicio que prácticamente nunca falla y que es otorgado a muy buen precio. Lo que propone Sergio Zapata para las familias que deseen contratar sus servicios –algo total y absolutamente opcional, porque la CAPA seguirá operando– es llevarles a sus hogares, a través de una red de tuberías subterráneas, agua perfectamente apta para beber y cocinar, de mejor calidad incluso que la que se vende en botellas y garrafones y, aunque parezca increíble, a mucho menor costo. La desproporción es más o menos de este tamaño: un garrafón de cuatro litros de agua purificada cuesta unos 10 pesos. 20 litros de agua entregada por la empresa de marras cuestan dos pesos con cincuenta centavos.
Para su novedosa idea –fue pionero en la distribución de agua purificada a través de líneas de tubería en los fraccionamientos que desarrolló en Othón P. Blanco, Andara y La Conquista, y lo sería a nivel país atendiendo la demanda de la capital y sus suburbios de no ser por la pastosa burocracia chetumaleña, que lo ha frenado– de los burócratas nada más requiere las autorizaciones respectivas, pero en la comuna, instancia que tiene que aprobar la obra, sólo ha encontrado negativas sin fundamento. Es terrible que sean justo los funcionarios locales, entonces bajo la égida de Luis Torres, los que estén frenando la inversión, el empleo, el desarrollo y la elevación sustantiva del nivel de vida de los habitantes, pues la concesión por parte de la Comisión Nacional del Agua la tiene el capitalista desde hace muy largo rato.
Sobra decir que la inversión es cuantiosa y la generación de empleos notable. Durante la construcción sólo en Calderitas se emplearía, entre puestos directos e indirectos, más o menos a 80 familias. La operación crearía unos 25 empleos. Para cubrir todo Chetumal la obra utilizaría los servicios de medio millar de empleados, mientras que para la operación serían unas 150 las familias con una fuente de ingresos fija y formal.
Pero los beneficios para la población capitalina en términos económicos y de salud, en el muy probable caso de que el empresario logre superar los obstáculos burocráticos que han impedido llevar a cabo su proyecto, podrían llegar a más de 63 mil familias que se estima habitan en Chetumal y podrían optar por agua purificada a muy bajo precio.
LA DICHA INICUA…
En Café Negro tuvimos la fina atención de platicarles a quienes hoy se encuentran bajo la Espada de Damocles por necios cuáles eran las bases jurídicas de esta demanda que ya llegó al Juzgado Penal Acusatorio por solicitud de Antonio Esquivel Jiménez, fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrito –¡mucha atención!– a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, y el citatorio lo firmó el juez de despacho del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal Rodrigo Barrera Ruiz, apenas este 11 de septiembre.
¿Por qué es importante lo anterior? Pues porque en el sistema referido si un imputado no resuelve por medios alternativos con plena reparación del daño –cantidades millonarias, pues el proyecto fue frenado largos años y los costes del proceso para el empresario ya son enormes, entre gastos y abogados– y es encontrado culpable, resultando incapaz de pagar la afectación a su demandante, se va a la cárcel a cubrir la pena a la que se le sentencie y, además, tiene que pagar. Si Roberto Chim fuera hallado culpable y no pagara, el obligado sería el ayuntamiento, aunque cambie de administración.
Este caminito tan espinoso pudieran tener que pasar también Luis Torres, una presidenta municipal de la zona turística que actuó de la misma manera con el mismo tema –y que se hizo peor que pata con Aguakán, pues prometió sacar a la voraz empresa y sigue tan campante–, varios otras funcionarios de ambos municipios que ya están demandados y hasta el titular de la CAPA, Francisco Gerardo Mora Vallejo, que acaso por tratarse de compas de causa que llegaron con el “cambio” a la hora que se requería de sus funciones públicas trató a los corruptos ediles con singular cariño, e incluso se prestó para engañar a la opinión pública diciendo que se buscaba “privatizar” el agua potable o que el inversionista pretendía hacerle competencia a la CAPA –obvias patrañas, que algún vetusto periodista supuestamente líder repitió, cual es su costumbre, sin haber leído una línea, y sus jóvenes corifeos le hicieron eco–, debe considerar que también tiene armado un expediente.
Para todos habrá mucho más motivos para preocuparse, pues el de abuso de autoridad no es el único delito que está en revisión. Incluso hay temas federales.
HOMÚNCULOS
¡Qué vergüenza! De 183 mil 430 votos en la elección de diputado federal Luis Alfonso Torres Llanes, recién salido de la presidencia municipal de Othón P. Blanco, municipio más poblado del Distrito 2 con cabecera en Chetumal, obtuvo apenas 48 mil 987 votos, un porcentaje de 26.71, apenas superando la mitad de los que logró la ganadora, Carmen Patricia Palma Olvera –93 mil 40– quien, si bien aprovechó el innegable efecto AMLO del Morena, era una total desconocida para la población. Fue tan buen alcalde, Luis, que la población al grito de ¡hurra! se volcó a las urnas por él.
GRILLOGRAMA
En capilla…
Ya les pisan los talones
Y de Damocles el arma
Pende, por puro karma
De corruptos y cabr…
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