Contra el pavoroso rezago judicial

(COLUMNA CAFÉ SABATINO). Quintana Roo padece una acumulación impresionante de juicios penales, lo que por supuesto deriva en la sobrepoblación de los centros penitenciarios del estado que, amén de la corrupción y el autogobierno de los reos, tantos sobresaltos nos ha causado por su frecuencia y virulencia, sobre todo en Cancún.

En su primer informe de labores el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicias del Estado Antonio León Ruiz, si bien admitió que la prisa por cumplir con la fecha perentoria para la entrada en vigor del entonces llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal contribuyó a descuidar los procesos que ya estaban radicados en los juzgados bajo el sistema tradicional, no eludió, con la cortesía del caso y seguramente porque sigue siendo magistrado numerario que integra pleno, contrastar lo hecho –y sobre todo lo no hecho– por su predecesor Fidel Villanueva Rivero con lo logrado en el tramo inicial de su periodo.

Alarmante, fue el adjetivo que empleó Antonio León en su mensaje del martes pasado para referirse a los datos encontrados en el análisis inicial: ad litteram, en su mensaje el presidente del Poder Judicial de Quintana Roo reveló que “al mes de octubre de 2017 en los Distritos Judiciales de Cancún y Solidaridad se identificaron mil 441 sentencias pendientes por dictar”. La mala es: Durante todo el año 2016, en materia penal tradicional en los distritos de Cancún y Playa del Carmen se dictaron apenas 261 sentencias. La buena: a tan sólo a ocho meses de la implementación del programa que se refiere al Eje de Consolidación del Sistema de Justicio –uno de siete que se informaron– ya se han emitido 641sentencias. Tomando en cuenta el tiempo y las cantidades, dicha presidencia lleva ¡268 por ciento más resoluciones penales logradas que su antecesora!

La primera razón –la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio y adversarial, caracterizado por los juicios orales–, no es cuento. La anterior presidencia tenía toda la presión para que Quintana Roo no fuera señalado por incumplido, y era por letra constitucional: la reforma judicial se dio en 2008 y la en la Carta Magna quedó asentado el transitorio que daba un plazo de ocho años a todos los poderes judiciales del país, empezando por el federal, para su instauración, lo que había que cumplir a medio año 2006, el 18 de junio para ser precisos. No era fácil.

El cambio de sistema justicia penal implicaba grandes inversiones en infraestructura –los juzgados para el efecto no se parecen nada a los de antes–, coordinación muy compleja entre poderes; órdenes de gobierno; organismos autónomos; barras y colegios de abogados, y sociedad civil, pues, exempligratia, en aras de preservar el debido proceso de la persona y la cadena de custodia de las pruebas de un delito para vincular a proceso a un imputado –presunto delincuente, se decía antes– basta con que un señor “policía” mal capacitado viole los estrictos procedimientos, que ahora se rigen por la ciencia y por el superior respeto a los derechos humanos. Nada fácil… y todo extremadamente costoso, con una federación muy reacia a brindar recursos y un gobierno estatal –el de Roberto Borge Angulo–, más acostumbrado a resolver los crímenes con una “calentadita” de su asesinado esbirro Isaías Capeline Lizárraga para que alguien confesara y “a otra cosa mariposa”, que tampoco era muy sensible a las necesidades presupuestales del poder judicial estatal.

Pero la segunda razón tal vez haya sido la más determinante: Fidel Villanueva, que en su momento presidió a los jueces del estado asociados con reconocida solvencia, al encumbrarse por un hábil cabildeo como magistrado presidente –Roberto Borge quería que continuara la egregia jurista Lizbeth Song Encalada al frente de los togados quintanarroenses, lo que se daba por hecho, pero su paisano cozumeleño lo madrugó con mucha habilidad– se nos perdió de modo más feo que la nave espacial de Gravity.

A Villanueva Ribero le dio por el boato y la pompa cortesana. No paraba de organizar majestuosos eventos, viajaba más que Marco Polo y todo lo revestía –para no salirnos de época– con lujos dignos de un gran kan mongol. Todavía están pendientes de desvanecer muchas dudas acerca de probable corrupción y fraudes acerca de las carretadas de dinero que le tocaba administrar como presidente del Consejo de la Judicatura. La historia no ha concluido.

HELADA MADRINA

¡Con razón los colegas periodistas y público en general se indignaron tanto por no haber podido presenciar el informe de Antonio León! Estábamos acostumbrados a un montaje faraónico en la Plaza Cívica del Palacio Judicial –que francamente no sé por qué lo extrañan, pues era un mega toldo que en esta época del año se tornaba en un invernadero gigante–, con un enorme estrado lleno de flores recién cortadas, manteles largos y lujos que en realidad no disfrutaba la audiencia, pero que daba la impresión de que sentarse ahí significaba ser muy importante, aunque el mayor apapacho consistiera en una botella de agua de 125 mililitros medio tibia.

Esta vez, seguramente con un notable ahorro, el informe se hizo en la Sala de Plenos del inmueble de la avenida Independencia número 2. El cupo de público en esa sala donde los magistrados resuelven los asuntos básicamente constitucionales del estado, con trabajos –poco espacio para los gorditos– y con notables esfuerzos e imaginación logística se puede acomodar a unas 100 personas. Apenas para las personalidades imprescindibles y los invitados especiales atinentes a los programas y proyectos del Poder Judicial, que por cierto ha hecho énfasis en actividades culturales y sociales, estas últimas organizadas por un patronato sui generis, esto ya a favor de las familias de los empleados del tribunal y la población del estado.

La prensa tuvo a su disposición una sala con televisiones transmitiendo el informe y hasta bocadillos, pero los reporteros no van para eso, sino a sacar sus notas del día. Igual que siempre lo pudieron hacer a la llegada y la salida de las personalidades dignas de ser entrevistadas, pero sin duda hubo irritación. Desde su punto de vista los reporteros tenían razón, pero las inminentes críticas fueron un riesgo asumido. No se puede tener todo en la vida.

Lo anterior, sin ser el tema, nos permite hacer ciertos cálculos: la actual gestión del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura de Quintana Roo tomaron la decisión de invertir los pocos –proporcionalmente cada vez menos– recursos económicos para mejorar la administración de justicia en el estado, propósito que –como reconoció Antonio León– está todavía muy lejos de cumplirse.

Los rezagos persisten, aunque su abatimiento, como nos enteramos en el informe, lleva un ritmo muy acelerado. Nos preocupa que el sistema de justicia penal acusatorio sea ahora el que sufra rezagos por la atención a los pendientes tan agraviantes del sistema tradicional, como haber transformado temporalmente en el mes de noviembre tres juzgados penales de primera Instancia de Cancún y Playa del Carmen en juzgados de instrucción y sentencias, lo que sin duda ha ayudado a sacar adelante los casos más atrasados, pero seguramente afectará la celeridad de los juicios orales, reduciendo su promesa y perspectiva de proporcionar justicia pronta y expedita.

Está bien. No se puede todo. Hay que equilibrar los propósitos, pero, pues, Antonio León quería ser magistrado presidente. Ni modo: por ingrata que sea, es su chamba.

LA DICHA INICUA…

Lo dijimos en este espacio: Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, quiere convertir en oportunidad el tumultuoso arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, y tiene muchos elementos para lograrlo. En primer lugar, antes de las elecciones de deslindó del caótico Ricardo Anaya Cortés, pero no lo hizo como una viruela loca, que pudiese haber sido ignorada, sino en una movida estratégica con algunos de sus pares correligionarios.

Siete gobernadores emanados del PAN, desde finales de junio, conformaron la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional –la ya famosa Goan–, que anunciaron sería un espacio para el diálogo incluyente, análisis, intercambio de ideas y la búsqueda de acuerdos en beneficio de la población de las entidades que la conforman. Bla-bla-bla: le mandaron al electo Tlatoani el mensaje de que se querían sumar a los propósitos del nuevo gobierno.

“El nuevo gobierno electo encontrará en la asamblea de Gobernadores de Acción Nacional un grupo dispuesto a colaborar permanentemente por el bien del país”, signaron en desplegado los mandatarios de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; de Durango, José Rosas Aispuro Torres; de Puebla, José Antonio Gali Fayad; de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

No hace falta consultar a Maquiavelo para entender que “endenantes” las elecciones del 1 de julio estos mandatarios ya tenían claro –como casi todo México y el mundo– quién iba a ser el “preciso” desde diciembre y que se acercaron al ganador, pero hay que entender que todos fueron muy poco felices con la postulación de Ricardo Anaya y tienen proyecto con su enemigo casado, Rafael Moreno Valle Rosas, que ya está de nuevo en el templete del que los anayistas lo habían echado a patadas.Mas no es solo eso. Un texto que nos llegó de manera anónima lo expresa con mucha claridad, y en el tono en que lo habíamos comentado a propósito del tren maya. Glosamos sin entrecomillar:

Andrés Manuel López Obrador y Carlos Joaquín González llegaron al poder y acaso por haberlo logrado en contextos muy parecidos sus agendas de Gobierno por lo menos no son opuestos. Desde dentro y desde afuera, ambos lucharon contra el PRI hegemónico y bajo la consigna de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, tienen claros principios de entendimiento. Sus banderas comunes son que el país y Quintana Roo fueron saqueados por grupos criminales.

Ese lastre tricolor en la política y democracia nacional por ahora está en la lona, y las facturas que el gobernador de Quintana Roo parece haber saldado ya con los dos partidos que lo acompañaron al lanzar su candidatura, el PAN y el PRD abren oportunidades para un entendimiento con la federación para los dos segundos tercios de su gobierno. Hay que destacar que Carlos Joaquín ya había dicho sí desde el principio de su administración al mando único policial, y eso también embona con la agenda de López Obrador, pues el gobernante caribeño enfrenta serios problemas en la materia y el próximo presidente hereda un país en las peores condiciones de violencia y delincuencia, que precisamente se empozan en los municipios y los estados.

El resultado de las elecciones pasadas, paradójicamente, despeja de obstáculos a la administración joaquinista. El panorama para la gestión de Carlos Joaquín también se allana por la afinidad que guarda su agenda de gobierno con la del presidente electo en temas como el combate a la desigualdad, corrupción, inseguridad y medio ambiente, pero sobre todo por los avances substanciales que el quintanarroense tiene entre manos en ese tenor para el arranque de la obra del tren maya, que no se hará con varita mágica –de hecho es un proyecto muy difícil, casi imposible si no fuera por el anclaje del tramo Cancún-Tulum –también el Mérida-Valladolid, aunque no se compara– para hacer posible la promesa de Andrés Manuel.

Para abatir la desigualdad ambos se enfocan en impulsar la inversión, fomentar el empleo y reducir el gasto corriente aunque observan como una de las principales raíces de la pobreza, a la corrupción. Los mandatarios integrantes del Goan le tendieron la mano a López Obrador, pero el quintanarroense tiene cosas muy concretas que ofrecer para que él se la tienda al estado.

GRILLOGRAMA

Ingrata labor…

Que algún día logre, espero

Antonio León terminar

La monserga de limpiar

De Fidel, el cochinero

columnacafenegro@gmail.com