Incertidumbre en caso Borge
(COLUMNA IMPRESA EN NOVEDADES. CLIC EN IMAGEN). Lo más escandaloso de la exoneración del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez es que la determinación no provino de una autoridad jurisdiccional sino de la propia Procuraduría General de la República, que es prácticamente lo mismo que decir que del presidente Enrique Peña Nieto. Se enrarece tanto el panorama de la justicia contra la corrupción de gobernantes al final del sexenio que casos como el que más nos interesa en Quintana Roo, el de Roberto Borge Angulo, han pasado de cierta sensación de avance a la total incertidumbre.
En el caso del norteño gobernante estamos hablando de delitos por lo menos tan graves como los que llevaron a la cárcel al veracruzano Javier Duarte Ochoa o al anterior gobernante caribeño, tales como operaciones de recursos de procedencia ilícita, o sea lavado de dinero. La PGR giró dicha notificación al líder de Unión Ciudadana Jaime García Chávez, quien en 2014 denunció al mandatario por el presunto desvío de recursos del Banco Unión Progreso, sin que hasta ahora la ciudadanía cuente con resultados de investigaciones que expliquen dicha omisión.
Quién es el peor, resulta muy difícil de saber, pero lo cierto es que el perdón disfrazado con inverosímiles retruécanos jurídicos al chihuahuense ha despertado las peores sospechas sobre la veracidad de la intención de Enrique Peña de ajusticiar sus correligionarios gobernantes corruptos.
El viernes el aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, impulsada por el PAN, el PRD y MC, Ricardo Anaya Cortés, calificó de locura el desistimiento de la PGR por lavado de dinero, delito bancario y defraudación fiscal, con especial enojo por las burdas maniobras de la justicia peñista de las que fue víctima y que ya fueron reprobadas por las autoridades electorales.
Citado por El Universal, Anaya dijo: esto es un mundo al revés, es de verdadera locura en lo que ha caído el gobierno federal a través de la PGR, al tiempo que exonera de todos los delitos a César Duarte, a quien le han encontrado ranchos de miles de hectáreas, cabezas de ganado, la propiedada de un banco (…), en cambio sí están muy buenos para estar atacando, hostigando a los opositores, en este caso a mí, como candidato presidencial de un partido distinto.
Sería del todo inverosímil suponer que el presidente y su partido imaginaran que con la elección en puerta no habría reacción de la oposición mucho más allá de la sospecha; solo queda suponer que Peña ya da por perdida la elección y entonces ya no necesita de chivos expiatorios para explicar la epifanía justiciera que lo llevó a perseguir a sus chicos dorados, los jóvenes y brillantes gobernadores neopriistas de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, que por lo menos según sus sucesores y otras instancias acusadoras se solazaron en un latrocinio monstruoso y hundieron en la ruina sus estados.
Va tomando fuerza la idea de que Peña solo los había perseguido y puesto en picota para levantar la imagen de su gobierno, cosa que no sucedió; la situación incluso empeoró al postular a José Antonio Meade, funcionario muy capaz pero pésimo candidato, lo que la maledicencia dice que sucedió ya en franco pacto de impunidad con el casi seguro ganador del 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador de Morena, apoyado también por los chiquitines PT y PES.
Los hechos de corrupción y otros delitos de Enrique Peña y su gobierno están exhibidos y prácticamente demostrados: los asuntos Casa Blanca y Ayotzinapa, y las pendientes de esclarecer relaciones con empresas corruptas de fama mundial OHL y Odebrecht, son asuntos que pudieran hacer temer castigos de máxima intensidad si el PRI pierde en buena lid, lo que aunado a la inusualmente apacible actitud de López Obrador en las últimas semanas y los recientes ataques a Ricardo Anaya pudieran ser indicio de que el presidente ya pactó su salida a costa del sacrificio de Por México al Frente y de que acaso los exgobernadores terminen impunes y frescos como la lechuga.
LA DICHA INICUA…
La determinación de la Sala Regional Jalapa del Trife de permitirle a Niurka Sáliva Benítez, esposa del líder del estatal del PES, de revertir la determinación local de impedirle contender por la presidencia municipal de Benito Juárez –Cancún– o por la senaduría fue en efecto contraria a lo que determina la Constitución General al tener como requisito ser mexicana por nacimiento, pero esto sucede por el diseño de nuestra carta magna desde su reforma en 2011, que habla de la progresividad de los derechos humanos y determina un control constitucional y de convencionalidad para tutelarlos, que permiten contravenir normas del propio documento.
Esto explicaron dos juristas especializados en la materia que ayer impartieron en el Tribunal Electoral de Quintana Roo el magnífico “Curso de Periodismo Especializado en Derecho Electoral”, que auspiciaron el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral, y la autoridad jurisdiccional local.
Darío Mora, profesor investigador, y José Antonio González Flores, jefe de Unidad, atendieron las preguntas de los reporteros chetumaleños que suelen acudir a este tipo de capacitaciones, integrantes del Teqroo y del Ieqroo.
La evolución permanente del derecho electoral, amén de la complejidad de la materia que impide su comprensión por parte de la inmensa mayoría de la población, hace indispensable la actualización permanente de los comunicadores, que tenemos la enorme responsabilidad de permitir que la gente acceda de manera oportuna a la información veraz.
El curso además de aspectos trascendentales para la comunicación en la materia abordó en su segunda parte la temática de las redes sociales, de impacto e importancia crecientes pero que suelen estar plagadas de noticias falsas, que no cumplen con los criterios básicos del buen periodismo, pues son de acceso libre para toda la gente.
De ahíí la trascendencia de los periodistas en esta materia que tan ocupados nos tiene ante las elecciones federales del 1 de julio, que en nuestro estado son concurrentes con las de los 11 ayuntamientos.
Bien por los magistrados electorales, que preside la abogada Nora Patricia Cerón González.
GRILLOGRAMA
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