Al Capone, Borge y Barrón

La ley para proteger a periodistas y activistas lleva 52 días en comisiones… ¡y contando!

Al legendario mafioso Al Capone, que aterrorizó Chicago en la época de la prohibición de bebidas embriagantes (1920-1933) con una extensa operación clandestina para su fabricación y comercialización, se le atribuyeron conservadoramente decenas de asesinatos, pero era un hombre inteligente que instauró una red criminal tan bien organizada que a pesar de que el FBI dedicó una unidad especial conocida como Los Intocables con el igualmente famoso Elliot Ness al mando sólo para perseguirlo nunca pudieron atraparlo por esos deleznables actos. Si acabó encarcelado en Alcatraz fue por una falta nada sanguinaria: evasión de impuestos. Ya anciano, acabó siendo liberado debido, entre otras severas dolencias, por una severa demencia derivada de la sífilis, contraída en la juventud.

Hace bien la población en exigirle al gobernador que cumpla con su promesa de hacer justicia y, desde luego, en estar atenta a cada paso que se da en ese sentido, pero en cualquier Estado de Derecho, republicano y democrático la expresión “hacer justicia” equivale –o debe equivaler– a la seguridad del cumplimiento de la ley.

Carlos Joaquín González, poco después de haberse impuesto en las urnas en histórica votación, sentenció que “el que la hace la paga”, lo que está cumpliendo con los medios a su alcance y en los plazos en los que se lo permite la realidad, o sea los que dicta la normatividad y capacidad material de actuar.

La aprehensión de Ercé Barrón Barrera, conspicuo financiero de los dos gobiernos precedentes, seguramente en lo que viene servirá muy bien para ilustrar esta precisión, aunque previsiblemente habrá ciertos conflictos con la opinión pública.

Muchas veces el problema con el que se topa la recta aplicación de la ley es que no corresponde con el concepto popular de hacer justicia, pues éste parte del sentimiento de la gente, del comprensible ánimo fincado en el odio a los malos gobiernos y sobre todo en los abusos de los gobernantes venales. Por desgracia, el caso de Ercé Barrón y cualquier otro relacionado con las administraciones precedentes será valorado, en cada etapa, bajo esta óptica popular que tanto enciende las redes sociales, sin que casi nadie –salvo los juristas y los entendidos de las leyes, especialmente hablando del sistema de justicia penal acusatorio– se detenga a justipreciar que se actúa conforme a derecho.

Si por muchos quintanarroenses bien nacidos fuera –no nos referimos a su origen, pues lo mismo aplica, sean nativos o inmigrados con arraigo– a Roberto Borge Angulo y muchos de sus funcionarios, de los que se tiene la certeza de que abusaron de sus cargos públicos para enriquecerse, deberían encerrarlos de por vida, amputarles las manos con cuchillo de palo y aplicarles tandas de latigazos por lo menos un día sí y un día no el resto de sus días. Pero –por fortuna– las leyes no están para satisfacer las pulsiones de la colectividad.

El 5 de mayo la Fiscalía General de Quintana Roo detuvo y luego puso a Mauricio Rodríguez Marrufo, secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, en el juzgado penal oral respectivo, y el juzgador decidió aplicarle prisión preventiva, aunque los delitos imputados –desempeño irregular de la función pública– no implicaban encarcelamiento oficioso, pero el togado consideró que el monto del quebranto sí.

No dudamos que quien fuera titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda con Borge –donde habría ocurrido el desfalco– haya robado, para él, su jefe o ambos, una cantidad mucho mayor a la acreditada por los irregulares descuentos que aplicó en operaciones de enajenación de predios para viviendas.

Sin embargo el día 11 de este mes el juez le dictó sentencia condenatoria. Fue obligado a pagar poco menos de 40 millones de pesos y, como la pena corporal de algo más que cinco meses a la que fue condenado ya había sido compurgada contando desde el día de su encarcelamiento, fue dejado en libertad. Obvio: la ciudadanía consideró que seguramente el monto económico que obtuvo por su actuar criminal debió haber sido mucho mayor, por lo que el chiste le habría salido barato.

¿Qué cabe esperar en el caso de Ercé Barrón? Tampoco suponemos delitos graves, pues aunque como titular de la Apiqroo por razones administrativas tuvo que estar enterado y haber autorizado numerosas operaciones que luego se descubrirían como un millonario desvío de recursos en la empresa de transportación aérea VIP-Saesa, será decisión del juez si otorga la prisión preventiva que aquí tampoco es de oficio. Lo que la fiscalía que encabeza Miguel Ángel Pech Cen argumentará, según declaró, es que su intención al irse a esconder a Estados Unidos era la de evadir la acción de la justicia, al grado que se “ganó” una ficha roja de la Interpol, corporación que lo detuvo en Tijuana, procedente de San Diego a través del puente que conduce directamente al aeropuerto.

No se sorprenda el lector si Ercé Barrón sólo se pasa una breve temporada a la sombra –si acaso–, devuelve lo que se le compruebe haber desviado y sale pronto a disfrutar de algún pequeño gigante guardadito. Ni modo: la ley es la ley y debe respetarse a despecho de las pasiones justicieras y hasta vindicativas del pueblo.

La Fiscalía de Quintana Roo, derivada del famoso gobierno del cambio de Carlos Joaquín y de la XV Legislatura, cuyo liderazgo le es afín, está cumpliendo con la promesa de justicia que hiciere el gobernador pero, claro: dentro de la ley y no al gusto del respetable.

¿Por qué empezamos hablando de Al Capone? Pues porque, a pesar del descuido que le costó pasar media vida encerrado en una helada isla frente a la Bahía de San Francisco, se le acusó de los peores crímenes, pero no de estúpido. A Roberto Borge, a Ercé Barrón y a Mauricio Rodríguez, tampoco.