Sin peros, la ley de protección
La ley para proteger a periodistas y activistas lleva 45 días en comisiones… ¡y contando!
(COLUMNA EN NOVEDADES. CLIC EN IMAGEN). Los cabecillas del grupúsculo –de media docena de necios– que ha obstaculizado primero la instauración y a la fecha la reforma a la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo esperaban que los directivos del Mecanismo Federal que acudieron a la presentación de la Unidad Estatal, según una lógica un tanto churrigueresca que habían venido manejando en espacios de opinión –sobre todo en las redes sociales– vinieran a darle la puntilla a dicha normatividad, comprando sin más su tirria por la que irracionalmente llaman “Ley Borge”.
Sucedió exactamente lo contrario, al grado de que luego de que las cosas quedaran claras en la Uqroo de Chetumal a la reunión de Cancún solamente llegó uno de los abolicionistas visibles, para ni decir esta boca es mía. La postura fue rotunda: no hay conflicto alguno entre el mecanismo federal, sus protocolos y la existencia de una ley y un homólogo local.
No es la primera vez que la opinión de expertos nacionales a los que apela el “Colectivo” tratándonos a todos los periodistas de Quintana Roo como menores de edad –por no decir idiotas– les hace rebotar el tiro por la culata. Hace unos meses, a manotazos en la mesa, exigieron que el Gobierno del Estado y la XV Legislatura contrataran a la organización Artículo 19 –ya una vez engañada por los furibundos antiborgistas– para que redactara una ley supliendo a la vigente, pero la asociación civil defensora de la libertad de expresión y sus actores, de presencia mundial, revisó el ordenamiento y emitió una opinión lacerante, que dejó saber a los diputados: no encontró nada sustantivo que cambiar y rechazó la petición, pues se trata de un articulado de avanzada en el contexto nacional e internacional, por lo que rehacerlo sería redundante –léase estúpido–.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en su momento revisó la ley e hizo un par de observaciones importantes mas no sustantivas –eran las que efectivamente introdujo el gobernador Roberto Borge Angulo–, reiteró a un experto de la Secretaría de Gobernación –no citable– que la normatividad de Quintana Roo es correcta y no amerita ser tirada al cesto de la basura, como pretenden los periodistas traumatizados por el borgismo y los que, sin serlo, se montaron en una ola que suponían que por su filiación joaquinista los lanzaría al estrellato –y a mejores negociaciones en materia de convenios publicitarios apoyos, sobre todo–. Erraron.
Giovanna Garrido Márquez, directora general adjunta de Prevención, Seguimiento y Análisis, y Jorge Ruiz del Ángel, director general adjunto de la Primera Unidad del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas, luego de una pormenorizada explicación del funcionamiento del Mecanismo Federal y de la vinculación que se establece a través de las Unidades Estatales, al responder a pregunta expresa dijeron, cada uno, que el organismo que representan no tiene ninguna objeción por la vigencia de las leyes de las entidades federativas –hay 19 en el país– ni sus respectivos mecanismos, aseverando que es decisión de cada estado la manera de operar, siempre y cuando haya plena coordinación y suma de esfuerzos para la protección de los interesados.
La abogada Giovanna Garrido hizo hincapié en que desde el punto de vista de la instancia federal que encabeza el asunto de las instituciones en los estados es una cuestión meramente nominal, lo que en el caso concreto de Quintana Roo significa que no hay conflicto con la normatividad y su escamoteado mecanismo, por lo que los detractores de la ley cuya versión reformada se encuentra empantanada en comisiones se quedaron con las ganas de que los visitantes firmaran su acta de defunción.
La actual Unidad Estatal, que está encabezada por el subsecretario de Gobierno Joaquín González Castro y tiene como coordinador operativo a Melchor May Herrera –presentado por primera vez en la reunión de Chetumal–, surgió este año luego de reuniones emergentes convocadas por los asesinatos de los periodistas Miroslava Breach el 23 de marzo y Javier Valdez el 15 de mayo, primero en Los Pinos entre el presidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores de la Conago, luego con dos encuentros entre los secretarios de gobierno de las entidades federativas y el subsecretario de derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Roberto Campa Cifrián en Bucareli, y por último el 20 de julio en San Luis Potosí, ya con el acuerdo e información para la conformación de las instancias estatales de enlace, cuyos titulares fueron capacitados.
HELADA MADRINA
Además de Joaquín González y los directivos del mecanismo federal, estuvieron presentes en ambas reuniones, entre otros involucrados, el coordinador general de Comunicación del gobierno estatal Felipe Ornelas Piñón y la diputada de la XV Legislatura y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Eugenia Solís Salazar, quien ya presentó una iniciativa para reformar la ley en comento como alternativa a la abrogación que envió el gobernador Carlos Joaquín González, por lo que fue dura e injustamente criticada por los comunicadores antiborgistas más fanatizados.
La historia de ese reciente proceso legislativo es como sigue: secretario de Gobierno Francisco López Mena, luego del conflicto entre periodistas por la fallida pretensión de los que después se harían llamar Colectivo –conocidos como “Los Cien”, por una chunga sobre la falsedad de su supuesta afiliación en base a una fantasmagórica lista de firmas y la discriminación hacia “Los Seis” de Chetumal– de acaparar puestos de representación gremial en el Consejo Consultivo previsto por la ley, anunció que el gobernador presentaría una iniciativa para la abrogación de la ley, pero con la finalidad de abrir espacio para el debate y el acuerdo entre los interesados. Se proponían encuentros de consulta.
Se efectuaron tres foros –sur, centro y norte del estado– en los que el resultado fue más que claro: amén de las propuestas destinadas a mejorar y enriquecer la ley, hubo consenso total en que lo que debiera hacerse era incorporar mandatos dictados por la Suprema Corte, sumar ideas surgidas ahí mismo, pero no abrogar, pues el articulado valía la pena de ser sostenido. La diputada Solís no hizo sino recoger el sentir en los foros que organizó el congreso en respuesta a una exigencia de los abolicionistas, que por cierto, agrupados en una infame docena entre decenas de participantes en la Universidad del Sur de Cancún, abandonaron la reunión levantando pancartas y gritando consignas, luego de que su postura fue rechazada por la inmensa mayoría de los presentes en las tres sedes.
Estos muchachos –entre los que hay buenos, regulares y malos periodistas– que con el triunfo de Carlos Joaquín creyeron en el colmo de la soberbia que se tornaban en amos y señores de las políticas de comunicación y prensa del Estado –gobierno, congreso y municipios incluidos– vociferando y descalificando han maltratado a los diputados, al secretario de Gobierno, al ahora titular de la Unidad Estatal de Protección, al coordinador de Comunicación e implícitamente al gobernador, como si los votos del 5 de junio de 2016 hubiesen sido para ellos, pero estos napoleoncillos, con todo y sus pretensiones, pase lo que pase sólo han coleccionado tragicómicos fracasos.
Otro intento fantasioso de respaldo ajeno a su irracionalidad que se les cae.
HOMÚNCULOS
Tan malos los tirios como los troyanos, así que lo único que queda es poner orden. Tal como se lee en la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley de Movilidad de Quintana Roo que presentó la XV Legislatura el problema del transporte es muy complejo amén de conflictivo –a veces explosivo–, pero el tema de los taxis tradicionales y las plataformas digitales para transporte privado, en particular la de la trasnacional Uber, ha llamado más la atención en estos días posteriores a la puesta a consideración de la propuesta legislativa.
Los taxistas haciendo manifestaciones por todo el estado –a pesar de que a Uber sólo le interesan Cancún y Playa del Carmen– han demostrado una vez más lo que siempre se ha señalado: los sindicatos –que son clubes de acaparadores nada trabajadores que explotan a los trabajadores del volante, con honrosas excepciones– quieren imponer la fuerza que creen que tienen gracias a una infausta connivencia con los gobiernos –básicamente priistas– que los prohijaron a cambio de apoyo político, haciendo millonarios a los liderzuelos en turno, a sus cortes y mafiosos que los acompañan.
Queda claro que los taxistas no tienen el menor derecho a coartar la libertad de empresa consagrada en el artículo 5º de la Constitución General, a imponer decisiones a los gobernantes –que no les deben favores… suponemos– y mucho menos a chantajear a la representación popular, máxime cuando sus motivos son más que claros y corresponden a las demandas de la gente.
Pero Uber. ¡Uber! Esta voraz trasnacional a lo único que llega a cada localidad es a sacar dinero, lo cual no tendría nada de malo de no ser porque tiene la pretensión –y esto le ha costado la salida de varias ciudades y hasta países– de operar sin regulación alguna. Ahora “amenaza” con dejar Cancún si la cuidada y pertinente ley –creemos que justa también– acaba por ser aprobada, lo que parece que sucederá pues al ser presentada como iniciativa lleva el consenso de todos los partidos. No se vayan… ¡a quedar!
La verdad es que Carlos Joaquín tiene la razón al advertir enérgicamente que no se tata de velar por los beneficios de los chantajistas taxistas ni de la insaciable empresa.
Hay un precedente judicial inobjetable, que garantiza la legalidad de esta iniciativa: la Corte, en el caso Yucatán, determinó que Uber tiene derecho a operar, pero el Estado igualmente a establecer las reglas de su funcionamiento, así que el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes Fernando Zelaya Espinoza y el vocal de la misma Eduardo Martínez Arcila, que como líder parlamentario metió el brazo fuerte, están a punto de aventarse una ley histórica.
Y, hablando de puntos, ¡punto! Se cansa uno, pues.
