Ayuntamiento, contra el desarrollo
La ley para proteger a periodistas y activistas lleva 31 días en comisiones… ¡y contando!
El sospechoso empecinamiento del gobierno municipal de Othón P. Blanco podría ocasionarle a las administraciones públicas local y estatal un terrible golpe financiero, pues a la Comisión Nacional de Competencia Económica, acostumbrada a meter en cintura a poderosísimas empresas como las de Carlos Slim Helú y Emilio Azcárraga Jean, por hablar sólo de los pesos completos mexicanos del empresariado global, pudiera poner en la mira a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y al Ayuntamiento de Othón P. Blanco, pues esa sistemáticamente saqueada “caja chica” de los gobiernos estaría incurriendo en prácticas monopólicas, acaso sin deberla ni temerla. La denuncia está puesta.
Allá los gobiernos si quieren echarse ese trompo a la uña, pero lo que sí es un hecho es que las autoridades están violando un par de derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amén de una serie de ordenamientos de la misma Carta Magna.
El nombre de la CAPA lo dice todo: es una empresa estatal que distribuye y vende agua potable –no purificada–, aunque esta página y la vecina podrían llenarse sin problema con un listado de quejas por las deficiencias, mala calidad y cobros injustos de toda la vida, pero esa es harina de otro costal. Sin embargo la ineficiencia, mala calidad y pésimo servicio de este organismo operador, factores aunados al hecho de que no distribuye agua purificada, obliga a las familias a comprar el líquido a precios inaccesibles para las más marginadas y acarrea por lo menos onerosos costos para las clases medias, afectando su economía y bienestar.
Aun más: el artículo 4º constitucional, en su párrafo sexto dice que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. Es evidente que no sólo no se cumple ese mandato constitucional, sino que además, como se verá, nuestras autoridades, sin fundamento legal alguno, están impidiendo un importante avance en la consecución de tan elevados fines, sin invertir un peso partido a la mitad.
La clara diferencia entre los significados de las voces “potable” y “purificada”, referidas al agua para consumo humano, son confundidas por una autoridad que en todo caso no pudiera calificarse menos que de ignorante, bajo una mirada complaciente y generosa pudiera ser la causa de un diferendo entre un pujante emprendedor chetumaleño y la presidencia municipal, pero con una pizca de malicia lo que se percibe no es estulticia, sino corrupción. Han lanzado a los medios la odiada palabra “privatización” referida a la CAPA, sin fundamento alguno.
Existen sólo dos posibilidades: el presidente municipal de Othón P. Blanco Luis Alfonso Torres Llanes miente, obstaculiza el desarrollo, la inversión, la generación de empleos y la libre empresa, o está siendo engañado y mal informado por su gente; conocemos desde hace muchos años al alcalde de la capital de Quintana Roo y tenemos la mejor de las impresiones de su persona, por lo que, o mudó sus principios como gnte de bien al llegar al poder o –lo que nos parece mucho más probable– los equipos jurídico y de obras públicas del ayuntamiento, específicamente el campeón de las trabas burocráticas Roberto Chim Interián, pecan de ineptitud y chapucería, perjudicando de manera por demás arbitraria a un empresario audaz y próspero merced a negocios lícitos, a las instituciones del Estado y a los habitantes, que permanecen privados de un servicio que podrían tener y merecen pero, desde luego, no tienen ni supletoriamente, en detrimento de su salud y economía.
Sergio Zapata Vales es el director y socio principal de la empresa Más Allá de Tus Expectativas –abreviada Madte– que provee de agua purificada a dos desarrollos residenciales que él mismo construyó al norte de Chetumal, entregando un líquido que supera las más altas especificaciones de pureza y calidad a través de redes privadas de tubería y a presión. El agua purificada es la que el lector acostumbra comprar en botellas desechables de contaminante PET y garrafones rellenables. La potable es la que los chetumaleños obtienen al abrir la llave –cuando no falla el servicio: o sea, muy de vez en cuando–.
LA DICHA INICUA…
Los clientes de Madte sólo tienen que abrir un grifo en su cocina para obtener agua de la más alta calidad, apta para beber, muy sabrosa incluso, merced a un servicio que prácticamente nunca falla y que es otorgado a muy buen precio. Lo que propone Sergio Zapata, para las familias que deseen contratar sus servicios, es llevarles a sus hogares, a través de una red de tuberías subterráneas, agua perfectamente apta para beber y cocinar, de mejor calidad incluso que la que se vende en botellas y garrafones y, aunque parezca increíble, a mucho menor precio. La desproporción es más o menos de este tamaño: un garrafón de cuatro litros de agua purificada cuesta unos 10 pesos. 20 litros de agua entregada por la empresa de marras cuestan dos pesos con cincuenta centavos.
Para su novedosa idea –fue pionero en la distribución de agua purificada a través de líneas de tubería en los fraccionamientos que desarrolló en Othón P. Blanco, Andara y La Conquista, y lo sería a nivel país atendiendo la demanda de la capital y sus suburbios de no ser por la pastosa burocracia chetumaleña, que lo ha frenado– de las autoridades nada más requiere las autorizaciones respectivas, pero en la comuna, instancia que tiene que autorizar la obra, sólo ha encontrado negativas sin fundamento. Es terrible que sean justo los funcionarios locales, bajo la égida de Luis Torres, los que estén frenando la inversión, el empleo, el desarrollo y la elevación sustantiva del nivel de vida de los habitantes, pues la concesión por parte de la Comisión Nacional del Agua la tiene el capitalista desde hace muy largo rato.
Sobra decir que la inversión es cuantiosa y la generación de empleos notable. Durante la construcción sólo en Calderitas se emplearía, entre puestos directos e indirectos, más o menos a 80 familias. La operación crearía unos 25 empleos. Para cubrir todo Chetumal la obra utilizaría los servicios de medio millar de empleados, mientras que para la operación serían unas 150 las familias con una fuente de ingresos fija y formal.
Pero los beneficios para la población capitalina en términos económicos y de salud, en el muy probable caso de que el empresario Zapata Vales logre superar los obstáculos burocráticos que han impedido llevar a cabo su proyecto, podrían llegar a más de 63 mil familias que se estima habitan en Chetumal y podrían optar por agua purificada a muy bajo precio.
HOMÚNCULOS
El caso de Madte ya está en litigio jurisdiccional contra el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, pues han pasado los meses y los años sin que se destrabe el proyecto, cuando ciudades como Guadalajara, Tijuana y Monterrey, que empezaron después, ya cuentan con una red privada de agua purificada conectada a miles de hogares. Y bueno: ¿Qué le contamos al lector? Después de reunir todos los requisitos –que para conocerlos fueron necesarios juicios de amparo, sobreseídos cuando por fin hubo respuesta–, donde casi pedían la fe de bautizo de Coco, la tatarabuela de la película de Disney-Pixar, y luego de poner como pretexto que no se proveyó un domicilio para correspondencia oficial, el enemigo de los emprendedores e inversionista salió con la embajada de que para iniciar la obra, o sea abrir las zanjas para tubería en las calles de Calderitas, hacía falta la autorización de la CAPA, cuando dicho organismo no tiene absolutamente nada que ver: se trata de una red privada, independiente de las del agua potable y del drenaje, que no tendrían por cierto ningún tipo de afectación.
Las autoridades tienen facultades y potestades, pero la ley las obliga a otorgar los permisos del caso a los particulares cuando cumplen con los requisitos. Aquí el ayuntamiento capitalino está contraviniendo también a la Constitución General, que dice ad litteram en su artículo 5º, párrafo primero que “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”.
Ya en materia de responsabilidad gubernamental, el gobierno municipal también está violando el artículo 25º, párrafo primero, de la Carta Magna, donde se establece claramente que “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”.
Luis Torres Llanes juró respetar y hacer respetar la ley en el desempeño del mandato que el pueblo le confirió en las urnas. Por lo menos en este caso, está sucediendo de justo lo contrario.
Conforme se desarrolle este ignominioso capítulo no será su responsable de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología Chim Interián el único evidenciado como violador de la ley, incluso de la Constitución, pues no se manda solo. El responsable del gobierno municipal es el presidente municipal.
“… Que el pueblo se lo demande”, reza la fórmula.
