Fidel Villanueva debe irse
COLUMNA EN NOVEDADES. Al comenzar la presente administración estatal se tambaleó y estuvo a punto de caer, pero el magistrado presidente del Poder Judicial de Quintana Roo Fidel Villanueva Rivero se aferró al cargo. Impulsado por su paisano Félix González Canto para suceder a Lizbeth Loy Song Encalada, el expresidente del Colegio de
Jueces de Quintana Roo conspiró contra la reconocida letrada que incluso contaba con el respaldo del entonces gobernador Roberto Borge Angulo para reelegirse, pero éste no opuso mayor resistencia a la imposición por parte de su antecesor. Más adelante acabarían asociándose para perpetrar ilícitos que ahora están a la luz.Pobladores de Tulum han denunciado el despojo de valiosísimos predios por parte de Borge, que habría contado con el apoyo del magistrado. El escándalo, soterrado durante varios, ya estalló a nivel nacional, por lo que el exgobernador seguramente ya no podrá seguir paseándose por el mundo con la exdiputda local del Partido Verde Ecologista de México Gabriela Medrano Galindo.La prensa de circulación nacional, a denuncia de hoteleros, publicó entre el fin de semana y ayer lunes información detallada sobre los robos borgistas en Tulum: se habla de 44 centros de hospedaje y 19 terrenos de playa por valor superior a los 615 millones de dólares. Fidel Villanueva permitió desde su titularidad en el Tribunal Superior de Justicia del Estado que se consumaran los despojos, como parte de una red de corrupción que incluye al juez primero civil de Playa del Carmen Gustavo Efraín Chan Caamal y al titular del Registro Público de la Propiedad Carlos Lima Carvajal.Según Eddie Villarreal, de la Asociación de Colonos Ecológicos Turísticos Pino Suárez, los desalojos comenzaron desde 2001 a través de juicios amañados, pero fue ya en 2016 cuando se empleó la fuerza pública para desalojar los hoteles de aquel destino de playa, joya destacada de la riqueza turística del norte de Quintana Roo, donde las propiedades inmobiliarias alcanzan los precios más altos de Latinoamérica. El esquema de los despojos “institucionalizados” en Tulum se hizo común en todo el estado, llegando incluso a provocar notas diplomáticas por parte de los países de origen de huéspedes extranjeros que fueron sacados de los hoteles en los operativos.El modus operandi consistió en armar juicios laborales amañados para “cobrar” en especie a los dueños legítimos. Se señala de la operación --glosamos a la revista Expansión-- al “exsecretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; el presidente de la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila; y el exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC), Carlos Lima, recientemente nombrado magistrado por el Congreso local a propuesta directa del gobernador. El nombramiento quedó aprobado junto con el llamado ‘paquete de impunidad’ para el mandatario priista”.Se trata de una verdadera red de jueces y funcionarios al servicio de Borge, que se blindó sólidamente durante los cinco años y medio del sexenio anterior y que tuvo a Fidel Villanueva como guardián en la más alta instancia de la justicia local. Para la mayoría de los involucrados cabe esperar, una vez disuelto el paquete de impunidad por parte del gobierno de Carlos Joaquín González, una exhaustiva persecución judicial, pero el increíblemente mañoso magistrado no sería vano temer que al aferrarse al cargo lo que hubiera buscado haya sido escudarse en la división de poderes para no ser perseguido por la complicidad señalada y de la cual a estas alturas ya no parece haber ninguna duda.Es indispensable que el presente gobierno, cuyo triunfo opositor al PRI se debió en mucho a las banderas de la lucha contra la corrupción y la impunidad, investigue hasta las últimas consecuencias, pero por lo pronto Fidel Villanueva debe salir a la voz de ya de su madriguera y por lo menos dejar la presidencia del Poder Judicial.
