Es delincuencia organizada
COLUMNA EN NOVEDADES
Unas pocas horas transcurrieron para que la Fiscalía General del Estado saliera a dar la cara en rueda de prensa tras la masacre a balazos de la madrugada de ayer en el bar Blue Parrot de Playa del Carmen, que dejó cinco muertos --cuatro extranjeros-- y una quincena de heridos, diciendo que había sido un pleito de borrachos. Más tarde Miguel Ángel Pech Cen, el fiscal estatal, admitió que una línea de investigación apunta al control de la plaza por el crimen organizado por haber un mexicano entre los occisos.
Muy mala pata tiene esa discoteca de Playa del Carmen. Hace años un feroz incendio consumió al centro nocturno de marras: un espectáculo con antorchas se salió de control y redujo a cenizas las instalaciones. En esos inocentes tiempos de hace poco más de una década nadie vio más que un accidente, pero ahora vivimos actualidades mucho más inquietantes.
Ayer temprano volaron las manos sobre los teclados desdeñando la explicación inicial de que un par de parroquianos drogados y alcoholizados hubiesen decidido cargarse a los trasnochados remanentes de ese “rave” --fiesta de música en la que los psicotrópicos como el éxtasis suelen menudear y que no respetan sexo ni edad para el desenfreno-- nombrado BPM Festival. Luego alguien debe haber jalado orejitas ministeriales: al parecer sí se trata de ajuste de cuentas entre criminales, como más tarde se corrigió aunque, para no variar, ante la prensa nacional, dejando a la local chupándose el dedo.
Las víctimas no cayeron precisamente, de manera espontánea, como manzanas maduras de un árbol, por lo que es evidente que hay causas y culpas, amén de que es natural que la gente cuestione el papel de las autoridades en los sucesos, y desde luego sí hay preguntas lacerantes que no necesariamente implican responsabilidad criminal de los gobiernos, pero sí obligan a investigar a los propios cuerpos policiacos locales y estatales que actúan en la plaza. No hacerlo significaría por lo menos complicidad.
No es un problema de conducta colectiva. En la Riviera Maya es sempiterno el debate sobre la permisión para las fiestas y los excesos que tanto busca el turismo que visita este próspero destino turístico, desde Cancún hasta Tulum. Las fiestas playeras de larga duración son al propio tiempo un próspero negocio y una calamidad social, pues entre otras cosas la juventud local no se sustrae al encanto del “punchis-punchis”, el éxtasis, las anfetaminas y las metanfetaminas, mas frente a las bandas de narcotraficantes no puede haber consideraciones ni dudas. Menos simulaciones.
Es obvio que las autoridades --sobre todo de los polos turísticos-- no pueden ser moralistas en exceso, pues de diversión se trata la vocación comercial y económica del estado, pero el problema no son las pachangas públicas. A lo que están obligados los gobernantes es a perseguir con decisión a las bandas delictivas, empezando por revisar la casa, pues ya ni siquiera existe el pretexto del fuero federal para no actuar.
Las autoridades ministeriales estatales deben realizar las investigaciones pertinentes y dar a conocer lo que resulte, que ya apunta a una reyerta entre narcomenudistas. Eso sí es grave, y hay que exigir que se desenrede la madeja dentro de la cual pudiera estar una peligrosa célula criminal. No es un problema de vigilancia policiaca a las pachangas, como al principio quiso manejarse, sino de combate al crimen organizado.
Irrita mucho a la opinión pública crítica que en Quintana Roo todo se justifique por cuidar al turismo, y eso es más que comprensible, pues los quintanarroenses vivimos de brindar servicios, no de ser serviles, y si bien hay que cuidar esa imagen que como destino de viaje tan cara nos es exigimos que se investigue a fondo algo que sí pudiera ser ominoso. Si bien hay que ser prudentes al comunicar, es indispensable cerrarle el paso a la delincuencia mayor, lo que no se consigue tapándole el ojo al macho, como se hizo ayer a bote pronto.
