Fuero común
Columna en Novedades
Hoy vence el plazo legal para presentar las denuncias que surgieren de las auditorias de entrega-recepción de la administración estatal. El gobernador a través de un matutino nacional, y el secretario de gobierno Francisco López Mena con el secretario de la Gestión Pública Rafael del Pozo Dergal mediante una rueda de prensa, presentaron información largamente esperada sobre irregularidades que habrían cometido funcionarios del gobierno de Roberto Borge Angulo y que eventualmente pudieran llevar a pedir cuentas al ex mandatario, a un pelo para que venza el tiempo legal para emprender acciones legales en el fuero común, amén de los delitos federales relacionados. Las querellas de la causa ya están fincadas.
En el más alto nivel se señala al ex responsable de las finanzas públicas Juan Pablo Guillermo Molina, al entonces secretario de Infraestructura y Transporte Fernando Escamilla Carrillo, al de Desarrollo y Vivienda Mauricio Rodríguez Marrufo y a quien dirigiera la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Gustavo Guerrero Ortiz, además de una tercia de responsables de segundo plano.
Es evidente que en la Sefiplan convergen todas las responsabilidades, pues de ahí sale cada pago por bienes, obras y servicios, así como se procesa cualquier enajenación del patrimonio público, pero lo más relevante fue que se detallaron irregularidades que pudieran constituir delitos a perseguirse a través de la Fiscalía estatal, por lo que las actuaciones no dependerán exclusivamente de la voluntad del presidente Enrique Peña Nieto sino de la instancia local, por lo que el gobernador Carlos Joaquín González, justo quien en campaña electoral prometió justicia, tendrá vías más directas para cumplir.
En Seduvi, bajo la égida de los dos anteriores titulares, se enajenaron predios por debajo del precio de la ley; la Sintra arrendó maquinaria por 700 millones de pesos facturados --pudieran llegar a mil 500 los carentes de documentación-- para ejecutar obras que no aparecen por ningún lado; la CAPA cobró a la concesionaria Aguakán por la conexión de líneas en Solidaridad mil 50 millones de pesos, cuya mitad aproximada fue a parar a la Sefiplan de manera irregular cuando debió quedar en el organismo operador; obras públicas además “malbarató” un par de costosos predios mediante la condonación del 75 por ciento de su valor. Borge pudiera ser llamado en el desahogo de las actuaciones ministeriales.
Estamos en presencia de un momento crucial para el gobierno de Carlos Joaquín, y desde luego no sería de esperar que fuera pura llamarada de petate, pues es la palabra del gobernador la que está en juego y el nombre del o la fiscal está ya definido: Miguel Ángel Pech Cen, hendricksista y antiborgista.
